La ausencia de una regulación específica y detallada en materia de gestión de impagos y recobro de deudas es un achaque que el ordenamiento español lleva arrastrando desde hace tiempo. Es cierto que, desde diversos frentes, a través del recurso a algunos instrumentos normativos tangenciales mediante los que se ha intentado constreñir la reclamación de deudas impagadas dentro de unos límites más o menos difusos. Especialmente, como es bien sabido, se ha intentado compeler las actividades poco éticas a través de la legislación actualmente vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y también a través del recurso al derecho al honor.
Sin embargo, ello no ha evitado que se dieran casos, ciertamente no generalizados, pero sí suficientemente llamativos como para ofrecer una imagen distorsionada del panorama español en el ámbito de los recobros. Algún que otro artículo periodístico sensacionalista en territorio norteamericano, haciendo pasar lo estrambótico por habitual, nos sacaba los colores hace tiempo, como si en España fueran costumbre las ditirámbicas prácticas de acoso al deudor moroso.
Es por ello que el sector de la gestión de impagos, con ánimo de fomentar siempre las buenas prácticas y el respeto a los derechos de todos, viene reclamando desde hace algún tiempo una legislación que ponga límites a las actuaciones poco éticas, y ofrezca un marco normativo en el que poder moverse con seguridad y siempre con arreglo a unos criterios deónticos compartidos por todos.
En este sentido, ANGECO (Asociación Nacional de Entidades de Gestión del Cobro) se define a sí misma como una “asociación profesional que pretende organizar, establemente, a las Empresas o Sociedades que tengan como objeto social la prestación de servicios de recobro de cantidades impagadas, tanto por vía amistosa como por vía judicial” con el ánimo de convertirse en un foro de encuentro y discusión para todos sus miembros, así como con el objetivo de promover entre sus miembros la adquisición de un compromiso firme de respetar tanto las garantías para con los clientes, como las obligaciones para con los deudores que se recogen en sus Estatutos.
Se trata de una auténtica iniciativa ciudadana que busca adelantarse a cualquier regulación, y a la que Libroley desea unir fuerzas, a fin de impulsar las buenas prácticas en el sector de la gestión de deuda. El equipo de Libroley, gracias a su larga experiencia, cree tener algo que aportar al debate, no desde concepciones abstractas o ideales, sino con el entusiasmo de contar con un acervo práctico a sus espaldas. Y es con este ánimo con el que busca adquirir la membresía en ANGECO.
