A pocos días de terminar 2014, la mayoría vamos haciendo balance de las cosas que nos han sucedido a lo largo del año, momentos tristes, momentos felices, proyectos que hemos comenzado o que hemos dejado de lado, y, sobre todo, esa famosa lista de buenas intenciones que queremos llevar a cabo durante el nuevo año que comienza.
Desde luego, este 2014 ha representado un periodo frenético en lo que se refiere al ámbito de la gestión de impagos. Si durante el primer trimestre del año la tasa de morosidad continuaba la tendencia alcista de 2013, las repetidas fluctuaciones en los meses centrales del año mantenían el suspense sobre cuál sería el resultado de las medidas tomadas al respecto, y finalmente asistíamos a una reducción generalizada de la tasa de morosidad en los meses correspondientes al segundo semestre del año, para alivio tanto de las entidades financieras como para el comercio.
En el caso de las Administraciones Públicas, se observaba un esfuerzo para solucionar el endémico problema de la mora en el pago de sus deudas, y cumplir así con las exigencias de la Directiva europea cuyas directrices se implementaban en nuestro ordenamiento interno a través de la Ley de Morosidad. Sin embargo, veíamos que el empeño puesto en la superación de la mora administrativa, no ofrecía los resultados deseados, aunque con desigual grado de fracaso según niveles de Administración, siendo las autonómicas las más incumplidoras.
Por otra parte, en junio se abría el debate sobre la intención del Ministerio de Hacienda de publicar una lista de morosos cuyas deudas para con la Hacienda Pública superaren el millón de euros, medida que finalmente no se ha incluido en el Proyecto presentado por el Gobierno para la reforma de la Ley General Presupuestaria, dada la enorme polémica que había suscitado. Desde el Ejecutivo se alegaba a favor de la publicación de esta temida lista el interés público concurrente, de cara a sanear las cuentas públicas. Sin embargo, para quienes, como los miembros del equipo de Libroley, defendemos que la gestión de impagos se debe regir por unos sólidos principios de ética profesional, habría resultado difícil asumir que existan razones de Estado con capacidad para modular, e incluso anular, las obligaciones que conlleva el trato digno al deudor moroso.
En el caso de nuestro equipo, este año 2014 que ya expira, ha supuesto un cúmulo de retos a superar trabajando conjuntamente. Sólo así hemos podido seguir ofreciendo a nuestros clientes el mejor servicio, incorporando a nuestro knowhow las últimas novedades tecnológicas (vid. post Bancobro: software para la gestión de impagos) y las más modernas técnicas de actuación para lograr una gestión eficiente y a la altura de las expectativas del cliente, siempre desde nuestra fuerte apuesta por la negociación y la solución pacífica de las controversias. Asimismo, este año hemos incorporado un servicio de traducción jurídica y jurada a nuestro tradicional servicio de gestión de documentación.
No sabemos lo que ocurrirá a lo largo de este incipiente 2015, pero afrontamos el reto con la ilusión que siempre nos ha caracterizado, teniendo muy presente el célebre aforismo: labor omniavincit. Y ya sólo queda una última cosa por decir: Feliz año a nuestros lectores.