La repercusión en los objetivos de déficit público de la reforma fiscal que ha puesto en marcha el Gobierno ha generado una considerable polémica. ¿Va a facilitar el cumplimiento de los objetivos o, por el contrario, aleja dichas metas?
Conviene hacer algo de historia:
En mayo de 2013 la Comisión Europea aflojó los objetivos del déficit para varios países, entre ellos España, dadas las consecuencias que las políticas de austeridad estaban teniendo en Europa, con crecimientos débiles y la deflación llamando a la puerta.
En definitiva, lo que hizo la Comisión Europea fue dar a España dos años de plazo adicionales para alcanzar el mítico, y un poco arbitrario, déficit del 3%. En vez de alcanzar el déficit del 3% este año, que era cuando correspondía de acuerdo con los antiguos planes, se deberá alcanzar en 2016.
Por años, los nuevos objetivos del déficit que se marcaron fueron
- del 6,5 % del PIB en 2013, que se incumplió por pocas decimas,
- del 5,8 % en 2014,
- del 4,2 % en 2015 y
- del 2,8 % en 2016.
Si cumplir con el antiguo objetivo, un 3% para 2014, era una cuestión no difícil sino imposible ¿será posible cumplirlo en 2016?
Para intentar responder a esta pregunta partamos de cuestiones muy básicas.
El déficit del Estado es la diferencia que existe entre lo que recauda y lo que gasta, por tanto para reducirlo o se aumenta la recaudación fiscal o se recortan los gastos.
Teniendo en cuenta que la reforma fiscal, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, supone una rebaja de la tributación del impuesto que más recauda, el IRPF, la única posibilidad de que se recaude más es que crezca la economía de forma sustantiva y se aumenten, con ello, las bases imponibles, compensando así la bajada de las tarifas.
Las previsiones de crecimiento de la economía española que hacen las instituciones más reputadas, van cambiado día a día. Afortunadamente la tendencia es hacia la muy deseable alza, aunque la subida todavía sea magra. Por ejemplo, las últimas estimaciones de la Comisión Europea afirman que este año la economía española crecerá un 1,1% y un 2,1% en 2015.
Las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son de un 1% en 2014 y un 1,5% en 2015.
Por su parte la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, pronostica un crecimiento del 1,4% para este año y de un 2,2% para el próximo.
Estas estimaciones deberán ser corregidas después de la reforma para valorar el impacto que la misma tiene sobre el crecimiento. Las estimaciones, muy provisionales, hechas hasta ahora es que ese impacto podría ser de, aproximadamente, un 0,5% del PIB.
Con estos crecimientos no parece que se vaya a recaudar suficiente para cumplir los objetivos del déficit público. Según declaró el Gobernador del Banco de España el 17 de junio, en su última comparecencia ante el Congreso: «En el caso español, el esfuerzo de consolidación pendiente es todavía muy significativo. De acuerdo con la última Actualización del Programa de Estabilidad, la reducción planeada del déficit público entre 2014 y 2017 es de 5,5 puntos de PIB y alcanza los 6,4 puntos de PIB en términos de disminución del déficit primario», es decir un 5,5% son unos 55.000 millones de euros que habría que ingresar más o gastar menos entre este año y los dos próximos».
Todos los analistas dan por hecho que este año se podrá alcanzar el objetivo, un 5,8%, pero cuestionan que pueda suceder lo mismo en los años siguientes.
Si por la vía de unos mayores ingresos fiscales derivados de un mayor crecimiento económico no parece que se puedan cumplir los objetivos tal y cómo han cuestionado la propia Comisión Europea y numerosos economistas ¿qué otras vías quedan?
El discurso del Banco de España, del Gobierno y de la propia Comisión Europea es a este respecto poco nítido. «En relación con el gasto público, se han desarrollado ya distintas actuaciones en materia de empleo público, en los sectores sanitario y educativo, de reforma de la administración local y de racionalización del sector público, entre otras, que deberían seguir generando ahorros en los próximos años. En línea con las recomendaciones del Consejo Europeo, este proceso ganaría en profundidad y coherencia si estuviese acompañado de una evaluación y revisión del gasto público que, dado el grado de descentralización de las Administraciones Públicas en España, tiene que contar con la colaboración activa de las Comunidades Autónomas», dijo Linde ante las Cortes ¿Conclusión? ¿Hay que hacer más recortes en el gasto público? Y si hay que hacerlos, ¿dónde? ¿En qué partidas?
Desde luego la reducción del déficit puede tener otras vías, como la privatización de empresas y patrimonio público, como hemos visto estos día con AENA, pero estas vías, aparte de desprendernos de las últimas «joyas de la corona», tienen poco recorrido, dada la astronómica cifra de la que estamos hablando.
¿Entonces qué queda? Resta una opción de la que ya hablan muchos economistas -uno de ellos es nada menos que Adair Turner presidente de lo sería la CNMV británica-, que defienden que en un momento en que es muy difícil que el crédito llegue a la economía real porque, entre otras cosas, las familias y las empresas se están desendeudando, lo mejor es prestar al Estado para que este invierta, vivifique el consumo y favorezca el crecimiento.
Esta posibilidad significaría la ruptura de muchos tabús, entre ellos tener que lograr el déficit del 3% en 2016. Si antes ese objetivo era para 2014 ¿por qué no puede ser ahora para 2018 0 2020? Vistos los resultados de las políticas seguidas hasta ahora quizás no estuviese de más probar otras iniciativas. Esta puede ser una de ellas y parece se lo que se está debatiendo en estos momentos en Europa.
Tanto los primeros ministros de Francia como, especialmente, de Italia han insistido las últimas semanas en la necesidad de que la Unión Europea revise los objetivos de cumplimiento del déficit y amplíe los plazos. La Canciller Merkel se ha apresurado a negarse, ya que opina que esos objetivos son intocables. Sin embargo, sus socios de gobierno, y así lo ha dicho expresamente el vicecanciller, no parecen estar muy de acuerdo con ese rigor, debido al bajo crecimiento europeo y a la baja inflación, que persistirán durante mucho tiempo.
Probablemente la solución venga por una vía intermedia, tal y como ha apuntado el Secretario del Tesoro americano la semana pasada en Berlín: ampliación de plazos para cumplir con los objetivos del déficit y mantenimiento de reformas y recortes para asegurar ese cumplimiento.
Lo anterior puede parecer una apuesta demasiado optimista ya que, hasta ahora, Alemania ha condicionado todas las decisiones que se han tomando desde las instituciones europeas, incluso las del independiente BCE. Pero esta vez Alemania se enfrenta a un grupo de países con gran peso económico, entre los que está España, que se vería muy beneficiada por una ampliación de los plazos.
