El fenómeno de la morosidad, cuando se propaga hasta convertirse en un hábito generalizado, constituye un auténtico drama social, con innumerables consecuencias para todo el conjunto de la sociedad. La reciente crisis, cuyos efectos todavía son palpables, ha puesto de manifiesto los graves riesgos que entraña una proliferación de los créditos devenidos morosos, con un consiguiente efecto dominóque conduce a multitud de empresas a una quiebra por asfixia.

No se está tratando el hecho, más o menos incómodo, de un deudor moroso ocasional, sino de la morosidad convertida en un problema estructural, cuya aceptación resignada por parte del conjunto social da lugar a multitud de soluciones económicas que no hacen más que cerrar en falso la herida, tales como la dificultación (sirva este neologismo) de concesión de crédito o el retraso en el pago a proveedores como medio de financiación de la propia empresa sin tener que recurrir a entidad financiera alguna.

El fenómeno de la morosidad tiene su asiento en la necesaria divergencia entre solvencia y liquidez, o visto desde otra perspectiva, entre el vencimiento de un crédito y su efectiva satisfacción o pago. Este binomio, cuya existencia es connatural y condición de posibilidad de las relaciones económicas, en ocasiones produce una especie de esquizofrenia, en la que empresas con una solvencia impecable se encuentran con que no disponen de la más mínima liquidez que les permita hacer frente a su actividad económica habitual. Esta situación es especialmente peligrosa en el caso de la recaudación tributaria y la de la Seguridad Social, donde el formalismo de los criterios de determinación de la cuota líquida a pagar obliga a hacer frente a la obligación tributaria o de la Seguridad Social muy al margen del estado real de la entidad.

Por todo ello, es tremendamente importante saber clasificar al deudor moroso, incluso antes de que haya devenido tal, porque el retraso en el pago puede provenir del hecho de que el deudor quiere pagar pero en ese momentono puede, bien porque pudiendo pagar, no quiere hacerlo, o bien porque ni puede ni quiere pagar. El auténtico problema es que en España se ha extendido como en ningún otro lugar de la Comunidad Europea el perfil del moroso intencionado, llegando incluso a alcanzar la cifra de un 62% del total de deudores según algunos estudios de la CE. No olvidemos que incurrir en mora también es una forma relativamente sencilla de financiar la propia economía, es decir, contratando bienes o servicios con una total negligencia en la previsión, o incluso a sabiendas de que no se va a poder pagar.

En cualquiera de los casos, un protocolo de alarma temprana y la actuación presta y diligente son las claves del éxito a la hora de recuperar un crédito que se ha convertido en moroso. El problema está en que muchos agentes económicos sienten una cierta reticencia a reclamar lo que les corresponde, pues la realidad es que, como se dice en el teatro, la función debe continuar, y en no pocas ocasiones prefieren soportar indefinidamente un impago antes que perder a un cliente potencial.Quizá a ello haya contribuido el hecho de que tradicionalmente la gestión de un impago siempre ha estado vinculada a situaciones de tensión y a medios de presión que conducían a victorias pírricas y a resultados indeseables para cualquier entidad. En Libroley sabemos de la importancia decisiva que tiene una actuación rápida, y siempre desde la perspectiva de la negociación y el respeto a los derechos del deudor. Los resultados son sorprendentes si un impago se gestiona convenientemente, alcanzando una tasa de recuperabilidad del 80% si se acomete durante los tres primeros meses una vez vencido el crédito, ratio que desciende hasta el 50% pasados seis meses desde que el crédito venció y se hizo exigible. No resulta fácil, pero con el necesario conocimiento técnico y la experiencia, se puede lograr discernir entre los diversos tipos de deudores morosos, de modo que sea posible cribar y evitar que la morosidad se convierta en un problema estructural de nuestros clientes.

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