ARCHIVE BY CATEGORY:

SOMOS EXPERTOS EN RECUPERACIONES

Más información
Pelea judicial por 90.000 demandas*

BY IN Sin categoría On 06-09-2017

El CGAE recurre la decisión del CGPJ de especializar 54 juzgados en materia de cláusulas suelo

Si hace unos días, éramos testigos del combate del siglo entre Mayweather y McGregor (aunque para algunos expertos de este deporte fue una patraña televisiva), otra pelea ha comenzado desde hace unos meses entre el peso pesado Consejo General del Poder Judicial “CGPJ” y unos aspirantes al título que nada le tienen que envidiar. Entre otros, podemos hablar del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otros púgiles del mismo corte.

¿Cuándo empezó el enfrentamiento?

El 25 de mayo de 2017, día en el que el CGPJ aprobó el acuerdo para la especialización de 54 juzgados con el fin de que éstos conozcan los litigios por las cláusulas suelo (ver enlace: noticia y BOE).

De esta manera, y desde del 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2017, (en principio, ya que es posible que se prorrogue este plazo), los asuntos de este tipo y otros relacionados con vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa son asumidos por estos 54 jueces-luchadores, que se enfrentan a unos 90.000 “puñetazos”, eso sí, a golpe de demanda judicial (cifra que se estima a la que ascenderán las nuevas demandas que se interpongan por estos asuntos).

¿Qué han hecho sus rivales?

La respuesta no se hizo esperar, ya que es una medida que no ha sido bien recibida por sus contrincantes.

Así que más de uno ha lanzado su “primer directo de izquierdas” recurriendo ante el TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, este ofensivo acuerdo de la especialización de ciertos Juzgados, pidiendo la suspensión del mismo por el momento y luego su anulación, para evitar que se dicten sentencias por los 54 jueces-pugilistas y se consoliden situaciones jurídicas irreparables.

¿Cuáles serán consecuencias de esta pelea?

Es difícil prever quien ganará este combate judicial pero, por ahora, el CGPJ ya lleva propinando 17 “ganchos” a sus rivales en forma de sentencias dictadas, como por ejemplo, la del Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona (enlace). Para ver más sentencias, pinchar en el siguiente enlace.

¿Pero es bueno que los jueces se especialicen por materias o no?

Es difícil de explicar, incluso para los que estén más familiarizados con el mundo jurídico, las ventajas e inconvenientes de la existencia de jueces especializados.

En concreto, podemos decir que el CGAE se queja de que estos 54 nuevos juzgados no podrán asumir la carga de trabajo prevista y el ciudadano terminará pagando esta espera.

Sea como fuere, lo cierto es que la especialización judicial por materias es un viejo tema de discusión para muchos juristas.

Entre sus defensores, podemos destacar al fallecido profesor Santos Pastor, el cual fue el máximo impulsor en España de la corriente doctrinal del Análisis económico del Derecho.

Esta línea de pensamiento reivindica que en la Justicia y en su organización debería prevalecer un visión más analítica de la realidad jurídica y los costes que conlleva su aplicación, para redistribuir los recursos de manera más eficiente, mediante la utilización de métodos económicos en el razonamiento jurídico.

Un ejemplo sería el de movilizar a 54 jueces para que éstos se encarguen exclusivamente de un tema (cláusulas suelo), porque opinan que es más barato, en tiempo y costes, esta opción que permitir que las 90.000 demandas que se esperan que lleguen se repartan por los diferentes juzgados de primera instancia de España ya existentes.

Sin desmerecer esta opinión, también debemos comentar aquellas voces, tan autorizadas como las anteriores, que critican abiertamente esta visión tan racional y simplista de la Justicia, al entender que la complejidad de los temas y la finalidad que persigue este ideal son distintos a la escala de preferencias que utiliza la Economía.

Por lo que no siempre, en palabras de estos críticos, se podrá tomar una decisión en función de un buen análisis económico de costes y beneficios, ya que hay magnitudes que son incuantificables, como puede ser la seguridad jurídica o el bienestar social.

Dicho lo cual, las constantes luchas de números que se suelen utilizar desde los poderes públicos (tanto en la Justicia como en otros ámbitos) suelen ser, en ocasiones, más perjudiciales que beneficiosas, ya que pueden llegar a esconder verdaderos problemas sociales atrapados en cifras maquilladas para la ocasión.

Sólo el tiempo nos podrá decir si la especialización en este caso concreto (la nulidad de cláusulas abusivas en el ámbito bancario) ha resultado positiva o negativa para el sistema judicial. Hasta entonces, habrá que saber encajar los golpes que iremos recibiendo siendo, hoy por hoy, la especialización judicial la que va ganando esta pelea.

*Publicado con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/pelea-judicial-por-90-000-demandas/


SHARE THIS ON:

2 months ago / No Comments

6

SEP

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , , , , , , ,

WRITE A COMMENT

Vencimiento anticipado*

BY IN Sin categoría On 04-05-2017

Comentarios al art. 15 del Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario sobre las cláusulas de vencimiento anticipado.

En palabras de la RAE, antinomia es la contradicción existente entre dos preceptos legales o dos principios racionales.

Dicho en términos más coloquiales, es aquella situación que se produce cuando dos leyes se contradicen entre ellas mismas pero subsisten a la vez.

¿Cómo proceder si A me dice una cosa y B me dice la contraria?

Difícil, sin duda.

Es por ello que un buen ordenamiento jurídico que se precie debe resolver estas situaciones con el fin de no generar injusticias.

Esta posible contradicción la hemos encontrado con el proceder de las cláusulas de vencimiento anticipado.

La declaración de nulidad de las mismas y, sobre todo, las consecuencias de ésta ha preocupado al mismísimo Tribunal Supremo.

Lejos de apaciguar estas aguas, en nuestra opinión, el Legislador ha echado más leña al fuego con su Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, cuya finalidad es incorporar parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/17/UE.

Se podría decir muchas cosas de este anteproyecto, pero nos queremos centrar sólo en un aspecto: su artículo 15.

Dicho artículo señala:

Artículo 15. Vencimiento anticipado.

  1. En los contratos de préstamo o crédito cuyo prestatario sea una persona física y que estén garantizados mediante hipoteca sobre vivienda o cuya finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles para uso residencial el deudor perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:

 a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de sus cuotas de amortización.

b) Que las cuotas de amortización vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:

i) Al [tres] por ciento del valor del préstamo , si el plazo de amortización de la obligación garantizada fuera inferior a diez años o, en el caso de ser a diez años, el incumplimiento se produjera dentro del periodo de los diez primeros años de dicho plazo.

ii) Al [cinco] por ciento del valor del préstamo, si el plazo de amortización de la obligación garantizada es superior a diez años y el incumplimiento se produce más allá del periodo de los diez primeros años de dicho plazo.

 c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos quince días para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total del préstamo. [En el requerimiento, el prestamista deberá ofrecer al prestatario la posibilidad de negociar durante el mismo plazo un acuerdo de modificación de las condiciones del préstamo].

2.- Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario.”.

Al parecer, el legislador quiere cuantificar cuándo debe entenderse que un préstamo se ha incumplido y cuándo no.

Eso, a priori, no debería tener efectos negativos, ya que facilita la actuación del acreedor hipotecario, el cual deberá atenerse a unas fáciles reglas, y la determinación del incumplimiento es algo sencillamente calculable (salvo por el valor del préstamo que, en nuestra opinión, lo habríamos aclarado todavía más diciendo si el porcentaje se aplica sólo sobre el principal del préstamo o si dicho valor incluye los intereses y gastos impagados).

El único “pero” que pondríamos a esta regla es si un 3% ó un 5% es permitir que la “bola se haga demasiado grande” (sobre todo, cuando el valor del préstamo empieza a ser elevado –p.ej. para una deuda de 300.000 euros el 5% son 15.000 euros-), pero suponemos que el legislador no ha puesto ese porcentaje al azar, sólo porque le sonasen bien esos números.

La experiencia suele decir que la anticipación a un problema de impago suele ser el mejor remedio al propio problema. Y cuando decimos anticipación no hablamos de ejecución sino de buscar soluciones de cómo poder pagar la deuda, tomar conciencia de la misma.

En cualquier caso, el verdadero contratiempo que vemos a esta nueva norma es la otra cara de la moneda para la entidad prestataria, ya que esta modificación de cuando una entidad puede reclamar su crédito al deudor debería conllevar, correlativamente, una modificación de la normativa bancaria en materia de provisiones, ya que no sería justo que la entidad bancaria tenga que empezar a realizar dotaciones con 3 cuotas impagadas del préstamo, pero no pueda iniciar la recuperación de la misma hasta que se llegue a la cifra del 3% ó 5%.

O lo uno o lo otro, pero no las dos cosas.

Podemos llegar a aceptar la disminución de los derechos de las entidades bancarias a la hora de reclamar sus deudas cuando hablamos de deudores personas físicas y sobre su vivienda habitual, pero también se les debería reducir sus obligaciones de cara a realizar provisiones en caso de incumplimiento de este tipo de préstamo.

Uno de los factores claves a la hora de legislar es la coordinación de la nueva norma que se incorpora con el resto del ordenamiento. Es por ello que si se va a modificar las normas relativas a la hora de poder reclamar una deuda vencida, se debería adaptar la normativa bancaria en materia de provisiones, so pena, de querer producir una perfecta antinomia.

*Publicado con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/una-perfecta-antinomia-las-clausulas-de-vencimiento-anticipado/


SHARE THIS ON:

6 months ago / No Comments

4

MAY

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , , ,

WRITE A COMMENT

¡Más madera, es la guerra!*

BY IN Sin categoría On 30-03-2017

Artículo sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativas a los efectos de declarar abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado y del interés de demora.

Aunque todavía se desconoce realmente quien introdujo esta frase en la versión doblada al español de la película de los hermanos Marx “Los hermanos Marx en el Oeste” (ya que en la versión original no se dice), hemos querido utilizarla a la hora de reflejar el actual panorama de las ejecuciones hipotecarias.

¡Más madera, es la guerra! Es lo que ha gritado recientemente el Tribunal Supremo con las dos consultas que ha realizado al TJUE (cuestiones prejudiciales).

La primera guarda relación con la cláusula de vencimiento anticipado (ver enlace), en la que el TS ha realizado las siguientes preguntas:

1- Si, en las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado por cualquier impago de capital o intereses, resulta conforme al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE apreciar la abusividad solo del inciso o pacto relativo al impago de una cuota (como acordó la sentencia recurrida) manteniéndose la validez del pacto en los casos restantes. Es decir, sobre la posibilidad de separabilidad de los distintos elementos autónomos de una cláusula con varios enunciados.

2- Si un tribunal nacional tiene facultades para determinar, una vez declarada la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado, que la aplicación supletoria del derecho nacional, aunque determine el inicio o prosecución de un proceso de ejecución hipotecaria contra un consumidor, es más ventajoso para este que sobreseer dicho proceso y quedar expuesto a una ejecución ordinaria tras una sentencia firme en un juicio declarativo.

Y es que el TS sigue sin ver claro que sea positivo que se sobresea el procedimiento ejecutivo hipotecario, tal y como está configurado actualmente, al consumidor español.

Pero por si esto fuera poco, unas semanas después, el mismo órgano judicial ha realizado otra pregunta a la Corte europea, esta vez relativa al interés de demora declarado abusivo y sus efectos (ver enlace). En concreto, las preguntas que el TS ha formulado son:

1ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que declara que la cláusula de un contrato de préstamo que establece un tipo de interés de demora que suponga un recargo de más de un 2% sobre el tipo del interés remuneratorio anual fijado en el contrato constituye una indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que se ha retrasado en el cumplimiento de su obligación de pago y, por tanto, es abusiva?

2ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, 4.1, 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de un contrato de préstamo que establece el tipo de interés de demora, identifica como objeto del control de abusividad el recargo que dicho interés supone respecto del interés remuneratorio, por constituir la «indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que no ha cumplido sus obligaciones», y establece que la consecuencia de la declaración de abusividad debe ser la supresión total de dicho recargo, de modo que solo se siga devengando el interés remuneratorio hasta la devolución del préstamo?

3ª) En caso de que la respuesta a la pregunta segunda fuera negativa: la declaración de nulidad de una cláusula que establece el tipo de interés de demora, por abusiva, ¿debe tener otros efectos para que sean compatibles con la Directiva 93/13/CEE, como por ejemplo la supresión total del devengo de interés, tanto remuneratorio como moratorio, cuando el prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas del préstamo en los plazos previstos en el contrato, o bien el devengo del interés legal?

El TS parece ver un clara contradicción entre anular por abusiva una cláusula de interés de demora y que el incumplimiento de pagar las cuotas del préstamo no devengue ningún tipo de interés.

Ni el mejor guión de los hermanos Marx podría describir esta disparatada historia en la que se ha convertido reclamar un crédito hipotecario.

La falta de un criterio claro en todas estas cuestiones genera todavía más incertidumbre a una “guerra” abierta entre el bando de los consumidores clientes bancarios y el de las entidades bancarias.

¿Quién terminará ganando? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta guerra y de la paz judicial que se firme? ¿Cuáles serán las consecuencias de la declaración de nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado y de la cláusula de interés de interés?

Cuestiones que hasta que se resuelvan definitivamente seguirá avivando el fuego de la incertidumbre jurídica y judicial que existe en torno al denostado (por no decir “quemado”) crédito hipotecario.

También, habrá que ver cómo afectan estas cuestiones a la nueva regulación del crédito hipotecario que desde el Gobierno se está desarrollando y que se espera su publicación a mediados de este año, transponiendo así la Directiva 2014/17/UE, de la que ya se lleva un año de retraso.

Por el momento, lo que sí sabemos es que, en cuanto a lo que se refiere a la financiación, parece ser que “la función debe continuar”, a la vista de los nuevos datos publicados relativos al fuerte incremento de nuevas hipotecas concedidas, siendo la actual tendencia la de un mayor número de préstamos hipotecarios a tipo fijo (un 36,8% del total de nuevas hipotecas concedidas –fuente-).

Esperemos que pronto sepamos el desenlace de este buen embrollo.

*Publicado con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/mas-madera-es-la-guerra/


SHARE THIS ON:

7 months ago / No Comments

30

MAR

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , , , ,

WRITE A COMMENT

Turbulencias judiciales para empezar el año*

BY IN Sin categoría On 10-01-2017

Comentarios a la STJUE de 21 de diciembre de 2016 relacionada con las cláusula suelo y a la STS de 30 de noviembre de 2016, relativa a la devolución de las cantidades percibidas por los clientes más el interés legal desde su percepción.

No podemos terminar este año sin escribir unas líneas sobre dos sentencias que marcarán el devenir judicial de los próximos meses, por lo menos, en el ámbito del derecho bancario.

En primer lugar, cabe citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, relativa a los efectos de declarar la nulidad de las “Cláusulas suelo” en los préstamos hipotecarios (enlace).

Poco o nada cabe decir de una sentencia que ha sido noticia en los últimos días. El TJUE ha sido claro y ha declarado que los efectos de la nulidad son con carácter retroactivo y no desde la STS que declaró la nulidad de las cláusulas suelo.

No vamos a entrar en disquisiciones doctrinales/sociales de si es correcto el fallo o no, es lo que hay y ya no cabe interpretación alguna.

Ahora, de lo que cabe hablar, es que pasará en los próximos meses. Desde nuestro particular punto de vista, los procedimientos ya iniciados terminarán rápidamente, con sentencia estimatoria a favor de los clientes-demandantes y aplicando esta nueva doctrina.

Es probable que algunos Juzgados exhorten a las partes a llegar a una acuerdo extrajudicial con el fin de ventilar un debate que se ha quedado estéril.

Las únicas dudas que esta resolución europea nos plantea ahora es predecir que pasará con las costas y con los nuevos procedimientos judiciales de reclamación que se inicien.

En cuanto a las costas, no sería descabellado pensar que los tribunales apliquen la excepción del art. 394.1 de la LECiv. (1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho), con el fin de minimizar las pérdidas del impacto económico que va a suponer esta sentencia a la banca española (Banco de España ha estimado que el coste económico de esta resolución supondrá unos 4.000 millones de euros a las entidades bancarias).

Además, razón no les falta, el propio TS había señalado la retroactividad “parcial” de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, por lo que dudas, lo que se dicen dudas, presentaba el caso.

En relación con los nuevos casos, nosotros creemos que la Banca se adelantará al inicio de nuevas demandas y negociará con cada cliente, para ahorrarse los costes judiciales que suponen un pleito que se sabe de antemano está perdido.

Además, el Gobierno ha anunciado que articulará un procedimiento para la tramitación de la devolución de las cláusulas suelo, que será de obligado cumplimiento para aquellas entidades bancarias que se adhieran a un nuevo Código de Buenas Prácticas.

Cómo influirá el impacto fiscal, que ya el Ministerio de Hacienda ha anunciado sobre la devolución de las cláusulas suelo, o en qué consistirá el procedimento anunciado por el Gobierno, o qué ganas tendrán los clientes de “quitarse” el problema cuanto antes, influirán, para bien o para mal, en la vía de la negociación prejudicial.

La segunda sentencia de la que queremos hablar es la STS nº 716/2016, de 30 de noviembre de 2016 (enlace), la cual viene a poner paz sobre los efectos de la declaración de nulidad en los productos de inversión.

De esta manera, existía discusión (sobre todo, a nivel de Audiencias Provinciales) si a la hora de devolver los cupones/liquidaciones que un cliente había recibido de un producto de inversión declarado nulo (véase participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, etc.) sólo procedía restituir las cantidades percibidas o, también, el interés legal desde que las hubieran percibido hasta su total devolución.

Pues bien, en aras de los principios de restitución integral y reciprocidad en la restitución de prestaciones, el TS ha señalado que en el caso de la restitución de las cantidades percibidas por los inversores como rendimientos, por haberse declarado la nulidad del contrato, dicha restitución incluirá tanto las cantidades percibidas como el interés legal generado desde su percepción.

Posiblemente esta sentencia pueda que tenga menos eco social que la anterior, pero puede que tenga el mismo impacto a medio y largo plazo, ya que supone una reducción de la indemnización a percibir por parte de los clientes-inversores, por lo que también deberemos estar atentos a su aplicación por parte de los Tribunales.

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/turbulencias-judiciales-para-acabar-el-ano/


SHARE THIS ON:

10 months ago / No Comments

10

JAN

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , , , ,

WRITE A COMMENT

El contrato de depósito del décimo de lotería. Feliz Navidad.*

BY IN Sin categoría On 22-12-2016

Los premiados suelan entregar el décimo afortunado a apoderados bancarios para realizar las gestiones de cobrar el mismo y evitar ser reconocidos.

Con carácter general, cabe señalar que los premios del Estado (Primitiva, Lotería, etc.) se tienen que cobrar en España, pudiéndose canjear el premio en cualquier establecimiento si el premio obtenido es por debajo de una cifra (normalmente a partir de 600 euros pero consultar con el establecimiento) y si es superior, habrá que acudir a las Delegaciones Comerciales de Loterías y Apuestas del Estado.

Es frecuente que para evitar ser conocido como el ganador de un gran premio de lotería o para evitar la pérdida o sustracción del décimo afortunado, los premiados suelan entregar este encargo a apoderados bancarios para realizar las gestiones de cobrar el décimo.

Esta intermediación del banco en representación de su cliente, ganador de un décimo, se suele instrumentar mediante el contrato de depósito de décimo de lotería, por medio del cual el cliente entrega al Banco el décimo premiado para su cobro.

A cambio, el Banco cobra una comisión por los servicios prestados, por la custodia de los décimos en sus cajas de seguridad y se encarga de realizar las gestiones para el cobro de los mismos.

Asimismo, el cliente asume todos los costes necesarios para llevar al efecto dicho encargo.

Dentro de la formalización de dicho contrato, acordaros de:

  • entregar fotocopia de vuestro DNI,
  • guardar fotocopia firmada del contrato de depósito firmado por el Banco,
  • conservar fotocopia del décimo ganador entregado para la gestión de cobro, en la que os deberán poner la fecha de entrega y,
  • pactar por escrito las comisiones que la entidad financiera cobrará por los servicios efectuados (en el Folleto de Tarifas del Banco vendrá fijada la comisión máxima por este encargo).

Por otro lado, y a efectos fiscales, cabe recordar que el dinero procedente de los premios de loterías y apuestas organizadas por la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado -L.A.E.-, actualmente tributan, de tal manera que cuando el afortunado reciba el premio, vendrá ya descontado un 20% sobre la cuantía del premio que exceda de los 2.500 euros.

Por otro lado, las ganancias que percibáis de otros juegos y que no guarden relación con la L.A.E. (pensad en casinos, juegos online, apuestas deportivas, etc.) estarán sujetas a tributación y recibirán el tratamiento de ganancias patrimoniales en el ejercicio que se obtienen.

¡Suerte a todos en el gran premio de la Lotería de Navidad!

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/el-contrato-de-deposito-del-decimo-de-loteria/


SHARE THIS ON:

10 months ago / No Comments

22

DEC

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , ,

WRITE A COMMENT

Anteproyecto de Ley XX/2016*

BY IN Sin categoría On 03-11-2016

Con este título, se ha dado a conocer la norma que transpone la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, de la que ya hemos hablado en anteriores artículos (ver enlaces sobre los nuevos retos para los empleados de entidades bancarias con la Directiva 2014/17, sobre el uso de la mediación como requisito previo y sobre la ejecución hipotecaria).

La verdad es que éramos más optimistas con dicha transposición, confiando en que este nuevo anteproyecto de ley mejorase el funcionamiento del mercado hipotecario español y recuperase la confianza de los consumidores en el mismo.

Pero, desde nuestro punto de vista, este anteproyecto de ley (ver texto completo) se queda a “medio camino” de lo esperado, del listón que habíamos marcado para conseguir solucionar algunos de los problemas que la financiación hipotecaria tiene en nuestro país. Problemas como los sistemas de evaluación a la hora de conceder créditos y las consecuencias civiles de su incumplimiento, el procedimiento de resolución anticipada en préstamos hipotecarios y su ejecución judicial o extrajudicial (si se considera como problema la oleada de resoluciones judiciales que declaran nula la cláusula de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios), acreditación de conocimientos del personal de entidades bancarias, información precontractual necesaria, etc.

Tantas cosas que se quedan en el tintero del legislador, o que se posponen a un desarrollo normativo posterior (que a la postre, viene a ser lo mismo), nos obligan a ser críticos con este anteproyecto, deseando que la Ley que se termine aprobando resuelva algunos de los problemas que pasamos a mencionar.

El primero que queremos tratar es el tema de la acreditación del grado de conocimientos y de competencia del empleado bancario.

Aunque este anteproyecto señala que El Ministro de Economía y Competitividad establecerá los requisitos mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal de conformidad con este artículo, creemos que sería positivo ir desarrollando el reglamento que regule este nivel de acreditación y sobre todo, se vaya pensando en que pasaría si se incumple este requisito por parte de la entidad bancaria.

¿Qué efectos civiles tendría su incumplimiento sobre el contrato que se ha formalizado? ¿se debería declarar nulo?

Respuestas a estas preguntas son las que hacen que una ley sea eficaz a la hora de aplicarse, pero lamentablemente, entendemos que el legislador no ha previsto estos posibles supuestos al ver los arts. 35 y 36 del anteproyecto, en los que se fijan sanciones económicas a la entidad pero no se hace referencia al contrato que se ha formalizado, dejando una puerta entreabierta a los tribunales civiles de este país para que decidan qué consecuencias jurídicas tendría este tipo de incumplimiento.

También se debe valorar negativamente el anteproyecto por la ausencia de previsión de las posibles consecuencias civiles al contrato en el supuesto de una mala evaluación de la solvencia del cliente-consumidor por parte de la entidad prestamista.

De esta manera, el art. 18 de la Directiva 2014/17/UE obliga a las entidades prestamista a sólo conceder financiación cuando del resultado de la evaluación de la solvencia se concluya que es probable que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones (en conexión con la idea del préstamo responsable que ya se indicaba en la norma duodécima de la Circular 5/2012, de 27 de junio, de Banco de España).

Por poner un ejemplo, en Francia, el incumplimiento de la obligación de evaluar correctamente la solvencia del cliente conlleva la pérdida de intereses remuneratorios (art. 311-48 del Código de Consumo).

Pero en España ¿qué pasaría? Este anteproyecto no dice nada al respecto.

Bajar a este nivel de detalle es lo que permitiría recuperar la confianza a un consumidor-cliente que ha perdido la fe en las entidades bancarias y evitar posibles situaciones de sobreendeudamiento, que ha sido uno de los males de la crisis económica padecida.

Siguiendo con nuestro análisis, el art. 28 de la Directiva 2014/17/UE obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes antes de iniciar un procedimiento de ejecución.

Concepto jurídico (razonablemente tolerantes) pendiente de determinar en España y que este anteproyecto de ley deja en el aire, ya que la Disposición adicional Primera del mismo, que regula la reclamación extrajudicial, no llega a fijar las reglas de juego en caso de que se deje de impagar el préstamo hipotecario.

Con un triste “podrán someter”, este anteproyecto intenta silenciar un problema real y palpable para aquel que viva en los juzgados de primera instancia, luchando porque declaren o no declaren (dependiendo del bando) si la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva o no y si la ejecución procede o debe sobreseerse.

Además, el no desarrollar un sistema único a nivel nacional sobre qué se debe hacer con carácter previo a la ejecución hipotecaria sólo puede traer caos e incertidumbre en un procedimiento cada vez más contencioso, cuando no debería ser así.

Por ejemplo, en Cataluña ya han tomado la iniciativa con la promulgación de la Ley 20/2014, la cual añadió el artículo 132-4 al Código de consumo de Cataluña, según el cual se establece que: 3. Las partes en conflicto, antes de interponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, deben acudir a la mediación o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar de la notificación del acuerdo de inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la reclamación administrativa o a la demanda judicial.

Este artículo es claro, indica obligatoriedad y plazo para interponer la reclamación, dos datos que permiten dotar de seguridad al procedimiento de ejecución.

En nuestra opinión, el Legislador debería plantearse armonizar a nivel nacional el procedimiento de reclamación extrajudicial de una entidad prestamista ante un particular.

Dicho todo esto, cabe señalar que el anteproyecto desarrolla otros aspectos de la financiación hipotecaria como son el tema de las comisiones por amortización anticipada (a partir del 6º de vida del contrato ya no se pagará comisiones por este concepto) y de apertura (la cual englobará cualquier otro tipo de comisión del tipo de estudio, concesión e incluso la de tipo de cambio en caso de préstamo en divisa) así como el tipo de cambio utilizado en la conversión en préstamos en divisas. Extremos que habrá que ver que acogida tendrán entre las entidades bancarias.

En los próximos meses, veremos qué camino escoge el Legislador de cara a solucionar los problemas indicados. Hasta entonces, ya tenemos una propuesta para ir reflexionando sobre ella.

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/anteproyecto-de-ley-xx2016-reguladora-de-los-contratos-de-credito-inmobiliario-una-reforma-a-medio-camino/


SHARE THIS ON:

12 months ago / No Comments

3

NOV

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , , ,

WRITE A COMMENT

Adquisición en subasta con cargas anteriores*

BY IN Sin categoría On 13-10-2016

La subrogación se produce respecto de la carga y no respecto de la deuda que aquélla asegura.

El caso práctico es el siguiente. El piso X tiene dos hipotecas. Se está ejecutando judicialmente la segunda. El señor Y decide pujar por el piso y se lo adjudica. Con el dinero que consigna da para pagar la segunda hipoteca, pero no la primera.

¿Qué pasará? ¿El señor Y tiene que pagar la primera hipoteca? ¿responde personalmente de esa deuda?

Pues, bien, para dar contestación a estos interrogantes, vamos a citar la sentencia nº 497/2016 del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 19 de julio de 2016 -Rec. 125/2014-.

Dicha sentencia consolida la doctrina del TS respecto a la subrogación del adquirente en subasta pública. De esta manera, el adquirente en subasta pública de un bien hipotecado no adquiere la posición de deudor si no asume expresamente la deuda de éste.

En otras palabras, la subrogación se produce respecto de la carga y no respecto de la deuda que aquélla asegura.

Si bien es cierto que habitualmente el adquirente de la finca hipotecada termina pagando la primera hipoteca, para evitar que ésta acabe siendo ejecutada y perder la inversión realizada en el piso, también es cierto que el adquirente no está obligado a pagar la primera hipoteca y no respondería personalmente de las deudas anteriores del piso que ha adquirido en subasta judicial.

Además, todo pago que el señor Y realizase por las cargas anteriores podría reclamarlos al deudor principal, el cual está obligado personalmente a pagar dicha deuda previa.

No obstante, esto no ocurriría al revés. Es decir, si el deudor principal paga una deuda suya (la primera hipoteca), después no podrá repercutir ese pago al señor Y (adquirente en subasta pública del piso hipotecado), viéndose el piso X liberado de las cargas anteriores.

Así, la citada sentencia nº 497/2016 de 19 de julio de 2016 resolvió el mismo supuesto, según la cual:

TERCERO.- Adquisición de bien inmueble en subasta judicial. Alcance de la subrogación respecto de las cargas o gravámenes anteriores del bien. Artículo 668.3 LRC y antiguo artículo 131 LH . Doctrina judicial aplicable.

… 2. Por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo debe ser desestimado.

Aunque la literalidad del antiguo artículo 131 LH , particularmente de la correlación de sus reglas 8.ª, 10.ª y 13.ª, pudo presentar alguna duda de interpretación acerca del alcance de la subrogación legal establecido y su posible extensión a la propia obligación garantizada, no obstante, dicha cuestión quedó resuelta y aclarada por la doctrina jurisprudencial de esta Sala, entre otras, en la sentencia de 11 de mayo de 2006 (núm. 435/2006 ) que, con referencia a dicho contexto normativo, declaró:

«[…] Es de aceptar dicho motivo, pues el «tercero» adquirente en subasta pública no es el «tercero hipotecario» al que se refiere el art. 34 LH , sino que es el de buena fe que participa en ella, del art. 114 LH , como traducción del principio de publicidad, y de. «no oponibilidad» del art. 32, por lo que el mismo sólo responde de la carga real en que consiste la hipoteca, y no de otras cargas personales del deudor, no garantizadas, sin alcance a tales terceros, ya que, según el indicado art. 114, sus obligaciones se limitan, además de a responder por el principal adeudado, sólo al pago también de los intereses, en principio, de los 2 últimos años, y de la parte vencida de la anualidad corriente, salvo pacto, en cuyo caso no se pueden asegurar por la hipoteca pagos de intereses por plazo superior a cinco años; mandato que es reiterado en el art. 146 de la propia ley , según el que, si bien el acreedor hipotecario puede repetir (si no se le han pagado) por los intereses vencidos, cualquiera que sea la época en que debía verificarse el reintegro del capital, si bien, en cuanto al tercero interesado en dichos bienes (como lo es el tercer poseedor de los mismos, de buena fe, adjudicatario en subasta judicial, que es a quien puede perjudicar tal repetición), no podrá exceder la garantía de la cantidad que por ella se reclame con arreglo al referido artículo 114».

Con posterioridad, y de acuerdo a la reforma operada en dicho artículo por la Ley 1/2000, número sexto de la disposición final novena , los artículos 668.3 y 670.5 de la LEC , profundizan en la línea señalada recalcando no sólo la continuidad del sistema con relación a la subsistencia de las cargas y gravámenes anteriores, sino también la limitación del efecto subrogatorio respecto de dichas cargas y gravámenes sin alcanzar la deuda u obligación garantizada: «el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos». Por lo que conforme a la propia previsión normativa, que delimita el alcance del efectum iuris en la subrogación legal, la subrogación se produce respecto de la carga y no respecto de la deuda que tal carga asegura, esto es, la subrogación al amparo del precepto, acontece sobre el deber de naturaleza real de soportar la realización forzosa del bien para satisfacer el crédito asegurado y no en asumir forzosamente la posición del deudor en la relación obligacional objeto de la garantía hipotecaria.

Máxime, en el presente caso, en donde en la adjudicación de las referidas fincas ya se descontó del valor de tasación de la finca registral núm. NUM000 el importe de la hipoteca de la misma.

En definitiva, crédito e hipoteca son realidades autónomas e inconfundibles, situadas en relación de dependencia, siendo el crédito el elemento principal y la hipoteca el elemento accesorio. La condición de deudor y la de hipotecante pueden no coincidir, bien de forma simultánea al nacimiento de la obligación y a la constitución de la garantía hipotecaria, bien por actos sobrevenidos. La responsabilidad del deudor, salvo en el supuesto del artículo 140 de la Ley Hipotecaria, alcanza a todos sus bienes presentes y futuros. La del titular del bien hipotecado, en el caso de que no coincida con el deudor, se limita al importe de ese bien.

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://libroley.com/que-pasaria-si-adquiero-un-piso-en-subasta-judicial-y-tiene-una-hipoteca-anterior/


SHARE THIS ON:

1 year ago / No Comments

13

OCT

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , , , ,

WRITE A COMMENT

La cancelación del aval bancario (parte II)*

BY IN Sin categoría On 20-09-2016

Si en el anterior artículo introducíamos los conceptos básicos acerca del aval bancario, hoy vamos a enfocar toda nuestra atención sobre cómo cancelar este tipo de garantías.

Para ello, vamos a clasificar los avales en función de quien es el beneficiario del mismo:

  • privados (personas físicas y jurídicas privadas –particulares, empresas, etc.-) y,
  • públicos (organismos públicos –administraciones locales, etc.-).

En cuanto a los primeros, vamos a señalar 3 subcategorías en función del plazo (determinado o indeterminado) y de que hayan sido emitido al amparo de una norma legal.

Como ya hemos indicado anteriormente, en los avales bancarios rige el principio de libertad consensual, por lo que serán las partes las que determinen el plazo de duración del aval. En función de qué como se fije éste, se podrá cancelar la garantía.

La primera forma para cancelar un aval bancario (también serviría para la clasificación de avales emitidos a favor de un organismo público) es con la devolución de la carta-aval original a la entidad bancaria.

De esta manera, devuelta la carta-aval, se extingue la responsabilidad del banco. A partir de la devolución, la entidad bancaria empezará a dejar de cobrar comisiones y liberará las garantías que el cliente-avalado hubiese prestado.

Otra forma de cancelar un aval, es por vencimiento del plazo de duración de la garantía.

Para ello, el aval debe haber sido emitido con la fijación de un plazo (p.ej.: este aval estará vigente hasta el día 1 de enero de 20XX).

En efecto, lo que subyace en esta modalidad de avales bancarios es un compromiso de la entidad financiera por tiempo limitado, siendo un término esencial de la garantía que el aval deje de surtir efectos a partir de un determinado momento.

En este caso, el proceso de cancelación del aval no es tan inmediato, ya que una vez finalizado el plazo de duración, la entidad bancaria suele esperar un tiempo para dar de baja el aval internamente.

Durante ese tiempo, lo habitual es que la entidad siga cobrando comisiones y no libere las garantías prestadas (prenda, etc.) por el cliente-avalado.

Es, por ello, que si el aval se quiere emitir por tiempo determinado, es recomendable que se concrete a partir de que momento se considerará cancelado sin necesidad de que se devuelva el original.

En esta modalidad de cancelación, es importante que se fije claramente la diferencia entre el plazo del aval y el plazo para ejecutarlo (por regla general, suelen coincidir, pero también se puede pactar que el plazo de ejecución sea superior, y que el beneficiario tenga un plazo para ejecutar el aval, sin perjuicio de que el incumplimiento de la obligación garantizada se haya producido durante la vigencia del aval).

En los casos de los avales emitidos por tiempo indefinido, las opciones para cancelarlos serían o bien la entrega del texto original de la carta-aval o una carta de renuncia del beneficiario a ejecutar dicha garantía.

Dicho de otra manera, la entidad bancaria mantendrá el aval en vigor hasta que se cumpla uno de esos requisitos, cobrando las comisiones que procedan y manteniendo las garantías prestadas por el cliente-avalado.

Por último, cabe hablar de los avales emitidos al amparo de una disposición legal(p.ej.: los avales que garantizan las cantidades entregadas a cuenta al promotor de la vivienda –Ley 57/1968-).

En estos casos, prevalecerán los derechos reconocidos por Ley frente a lo indicado en el aval, por lo que cualquier pacto en contra sería declarado nulo de pleno derecho.

Por lo que si emitieran este tipo de avales por un plazo de duración determinado, este pacto no tendrían validez y regiría la indeterminación del plazo.

Para la cancelación de este tipo de avales, no será suficiente que haya pasado el plazo fijado en el aval, sino más bien que la obligación garantizada se haya cumplido (p.ej.: entrega de la vivienda para la que se entregó las cantidades a cuenta al promotor).

Se tratan de avales con un plus de protección al particular y de ahí que su cancelación se más difícil.

Próximamente, hablaremos sobre la cancelación de avales bancarios emitidos a favor de organismos públicos.

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/la-cancelacion-del-aval-bancario-parte-ii/


SHARE THIS ON:

1 year ago / No Comments

20

SEP

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , , ,

WRITE A COMMENT

El aval bancario*

BY IN Sin categoría On 13-09-2016

Llevamos tiempo con la intención de escribir sobre este tipo de garantía, pero nunca nos decidíamos a cómo enfocar este artículo para que resultará interesante y práctico a la vez.

Y es que sobre el aval bancario, el lector podrá encontrar millones de webs donde pueda encontrar valiosa información sobre su concepto y rasgos.

Es por eso que hemos querido poner la atención en un aspecto muy concreto de este tipo de negocio jurídico: su cancelación.

Es decir, el momento en que deja de surtir efectos esta garantía tanto para el beneficiario del mismo como para la persona avalada, la cual deberá estar asumiendo un coste financiero hasta su extinción .

Pero antes debemos dar unas pinceladas sobre qué es y cómo funciona para poder abordar el tema elegido.

Desde un punto de vista mercantilista, el aval bancario surge de la alternativa entre depositar una cantidad de dinero al beneficiario del aval y la de ofrecerle un tercero de gran solvencia (como es un banco) que responderá por esa cantidad de dinero en caso de que se incumpla la obligación garantizada.

En este tipo de negocio jurídico existen las siguientes partes (posiblemente, se nos olvide alguna parte más del aval, pero en líneas generales y para el desarrollo de este artículo, las comentadas a continuación debería resultar suficientes):

  • Avalado: es el obligado principal (deudor) a cumplir el contrato, al cual se le exige que garantice su compromiso con un aval.
  • Avalista: es la entidad bancaria (en el presente artículo, sólo vamos a tratar el aval bancario) que se constituye en garante de la obligación principal. Es decir, el banco cumplirá en caso de que se incumpla la obligación principal y el aval sea ejecutado en tiempo y forma.
  • Beneficiario del aval o acreedor: Es la persona que tiene el derecho a ejecutar el aval y reclamar a la entidad bancaria el cumplimiento de la obligación garantizada.
    Carta aval: es el texto en el que se establecen las obligaciones y derechos que surgen para las partes a raíz de la constitución del aval.
  • Cantidad avalada: Importe de dinero que garantiza el cumplimiento de la obligación principal.
  • Plazo de la garantía: tiempo durante el cual el aval estará vigente (puede ser por un plazo de tiempo concreto y determinado, o abierto –lo cual generará más problemas a la hora de cancelarlo-).
  • Plazo de ejecución: Tiempo hasta el que el beneficiario del aval puede reclamar el cumplimiento del aval a la entidad bancaria.
  • Número de registro: Este tipo de avales deben estar inscritos en un registro especial de la entidad bancaria, para dejar constancia de su emisión y las características del mismo.

En la práctica, el aval bancario se ha convertido en una de las garantías preferidas por los acreedores en los contratos, debido a su liquidez (el banco paga una suma de dinero) y su aparente inmediatez (en principio, no debería haber muchos problemas para cobrar la cantidad avalada, ya que el Banco tiene pocos motivos de oposición al pago).

Por su parte, los avalados también suelen preferir este negocio jurídico, al solerse instrumentar –no siempre- a través de la figura del apalancamiento financiero (el banco presta el aval y cobra unas comisiones por el mismo, sin que sea necesario que el avalado entregue ese dinero al beneficiario del banco o al banco).

El aval bancario no está tipificado como tal (no hay una ley que lo regule), por lo que en principio regiría la libertad consensual a la hora de establecer los términos del aval prestado y la casuística jurisprudencial que se ha dictado sobre este tipo de negocio jurídico.

Suele ser habitual, en este tipo de avales, que se pacte que la garantía sea “a primer requerimiento”, lo que a la postre significa que la entidad bancaria no pueda oponerse al pago en virtud del negocio causal avalado (carácter cuasi-abstracto de la obligación), salvo que se diese una falta de derecho manifiesta o abusiva, o que el propio documento de garantía adoleciese de graves defectos de forma.

Es decir, la obligación del garante es independiente de la obligación del garantizado y del contrato inicial, por lo que no es necesario que para la efectividad de la garantía se demuestre el incumplimiento de la obligación garantizada, sino que basta con la reclamación del deudor para hacer efectivo el cumplimiento de ésta, siempre que la reclamación sea realizada en el tiempo y en la forma pactada (ver STS 1 de octubre de 2007).

Al respecto, cabe decir que la jurisprudencia viene considerando que no es necesario que expresamente se indique en la carta aval el término a primer requerimiento, si del mismo texto se presume esta característica, surtiendo en este caso, dichos efectos. Al igual que se presume la solidaridad en la fianza mercantil, por lo que la renuncia expresa a los beneficios de orden, división y excusión en el propio texto aval resultarían reiterativos e innecesarios –aunque la prudencia recomiende mejor ponerlos-.

En cuanto a su duración, suele estarse a lo indicado en el texto aval (libertad de pactos), salvo que alguna disposición legal imponga un tiempo mínimo de duración (o indefinido).

En este último caso, prevalecerán los derechos reconocidos por Ley frente a lo indicado en el aval.

Prueba de ello, son los avales emitidos para garantizar las cantidades entregadas a cuenta al promotor de viviendas (Ley 57/1968), los cuales, por Ley, son indefinidos, por lo que cualquier pacto en contra será declarado nulo de pleno derecho.

Otro ejemplo, serían los avales prestados a favor de las Administraciones Públicas. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, admite como garantía el aval bancario (ver art. 96.1 b).

Asimismo, el art. 102 del mismo texto legal, señala que:

1.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.
2.- Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.
… 4. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

5.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100.
Como se puede apreciar, en los avales emitidos ante la Administración Pública en virtud de un contrato suscrito con la misma, suele regir el plazo de duración indefinido, salvo por la excepción del art. 102.5 de LCSP.

En próximos artículos, seguiremos tratando el tema de la cancelación de los avales bancarios.

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/el-aval-bancario/


SHARE THIS ON:

1 year ago / No Comments

13

SEP

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , , , , , , , ,

WRITE A COMMENT

Concurso, ejecución hipotecaria y otras noticias de interés*

BY IN Sin categoría On 04-07-2016

Artículo dedicado a la unificación de criterios sobre la interpretación práctica-procesal de la exoneración del pasivo insatisfecho por los Jueces de lo Mercantil, la mediación como requisito previo a la ejecución hipotecaria y la Circular 6/2016.

A modo de resumen, vamos a dar unas breves pinceladas sobre la actualidad en el mundo del derecho bancario y, sobre todo, sobre noticias que guardan relación con el sobreendeudamiento de las personas físicas.

En primer lugar, cabe mencionar que el pasado 15 de junio de 2016 se celebró el Seminario de Jueces de lo Mercantil y Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona (ver enlace).

En dicho cónclave judicial, dichos ilustres magistrados unificaron los criterios sobre la interpretación práctica-procesal de la exoneración del pasivo insatisfecho (ex. art. 178 bis de la LC).

Sin duda, una buena guía de referencia para saber los pasos a seguir en caso de solicitar esta medida de liberación de la responsabilidad patrimonial del deudor.

En segundo término, y aunque no es actual (ya que su entrada en vigor fue el 31 de marzo de 2015), también debemos mencionar la Ley 20/2014 (de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo –ver enlace-), la cual guarda estrecha relación con un reciente artículo publicado en nuestra web (ver artículo) acerca de la futurible obligación legal de realizar un intento de mediación como requisito previo para ejecutar judicial o notarialmente una garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual del deudor.

De esta manera, dicha Ley añadió el artículo 132-4 al Código de consumo de Cataluña, según el cual se establece que: 3. Las partes en conflicto, antes de interponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, deben acudir a la mediación o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar de la notificación del acuerdo de inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la reclamación administrativa o a la demanda judicial.

Por tanto, y al menos en Cataluña, si un acreedor quiere reclamar judicial o administrativamente su crédito garantizado con hipoteca sobre la vivienda del deudor deberá: a) acudir a mediación o arbitraje, y; b) el acreedor deberá esperar el plazo de 3 meses desde la notificación del acuerdo de inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio con el deudor para poder interponer su reclamación.

Como se puede apreciar, es una realidad procesal en Cataluña la mediación como requisito previo a la ejecución hipotecaria, por lo que no es disparatado pensar que, en un futuro cercano, en el resto de España se pida también este intento de mediación como requisito procesal para interponer la demanda o solicitar la ejecución ante notario.

Por último, queremos hablar de la Circular 6/2016, de 27 de abril, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos (ver enlace).

Esta Circular supone la modificación del Anejo IX de la Circular 4/2004, lo que implica, a su vez, la variación de los términos en los que una entidad bancaria debe provisionar un crédito impagado (como puede ser un préstamo hipotecario sobre vivienda).

Norma que afectará posiblemente en la manera de negociar/reclamar una entidad bancaria un crédito impagado con su deudor, ya que en función del impacto que suponga para sus cuentas contables la deuda, la entidad bancaria podría llegar a tener más interés en refinanciar, renegociar, reclamar, extinguir vía dación en pago, etc. dicho crédito impagado.

Dicha Circular entrará en vigor el 1 de octubre de 2016, salvo algunas excepciones.

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/concurso-ejecucion-hipotecaria-y-otras-noticias-de-interes/


SHARE THIS ON:

1 year ago / No Comments

4

JUL

No

Comentarios

Derecho Bancario

Tags: , , , , , , ,

WRITE A COMMENT

1 2 3 4 5 6 7

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies