La cancelación del aval bancario (parte III)*

La cancelación del aval bancario (parte III)*

En anteriores artículos (1) (2) ya hemos hablado de los conceptos básicos acerca del aval bancario y de cómo cancelar los avales cuyos beneficiarios son personas físicas y jurídicas privadas –particulares, empresas, etc.-, a los que hemos denominado avales privados. En este post trataremos la cancelación de un aval emitido a favor de un organismo público (un Ayuntamiento, una Comunidad Autónoma, etc.), no sin antes dar unas breves pinceladas sobre esta modalidad de garantía.

Señala el art. 108 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se podrá prestar garantía definitiva en la forma de aval bancario emitido por alguna de las entidades financieras que pueden operar en España. Es decir, el aval bancario sirve de instrumento de garantía frente a las administraciones públicas.

Por su parte, el art. 56 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (que es el reglamento que sigue desarrollando el aval público a fecha de publicación de este post), indica que los avales deberán reunir las siguientes características:

-El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y pagadero a primer requerimiento del organismo público beneficiario.
-El aval deberá ser de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el órgano a cuya disposición se constituya resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del aval.

Si bien es cierto que la administración vendrá obligada a efectuar dicha declaración si concurren los requisitos legalmente establecidos para considerar extinguida la obligación garantizada, por lo que a priori no se trata de una facultad discrecional para la administración beneficiaria del aval.

Por tanto, y en román paladino, el aval público tiene las máximas garantías jurídicas posibles a favor de la administración pública, por lo que su cancelación puede traernos algún que otro quebradero de cabeza.

La primera opción para cancelar el aval será mediante la solicitud escrita dirigida al organismo correspondiente pidiendo la devolución del aval bancario entregado como garantía. En dicha solicitud, es conveniente identificar de forma clara y lo más detalladamente posible el organismo al que se dirige, los datos de la garantía, el expediente al que se hace referencia, etc.

Dicho organismo resolverá si procede dicha cancelación o no de la garantía y, por tanto, la devolución del aval original. Si se resuelve que procede dicha cancelación, se entregará el aval original al avalado quien podrá llevar dicho documento a la entidad bancaria que emitió el aval, para que se proceda a su cancelación y a la finalización del cobro de comisiones (la entidad bancaria no suele dejar de cobrar comisiones hasta que el aval no le es devuelto y se procede a su cancelación).

No obstante (2ª opción), si el organismo público resuelve no cancelar la garantía, se deberá recurrir dicha resolución, y si es nuevamente desestimada la petición, se podrá acudir a la vía contencioso-administrativa. En este escenario, el solicitante de la entrega del aval deberá probar que se cumplen con los requisitos para que se entienda que la obligación principal y/o la garantía se ha extinguido.

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/la-cancelacion-del-aval-bancario-parte-iii/

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Comentarios al art. 15 del Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario sobre las cláusulas de vencimiento anticipado. En palabras de la RAE, antinomia es la contradicción existente entre dos preceptos legales o dos principios racionales. Dicho en términos...

Vencimiento anticipado*

Comentarios al art. 15 del Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario sobre las cláusulas de vencimiento anticipado.

En palabras de la RAE, antinomia es la contradicción existente entre dos preceptos legales o dos principios racionales.

Dicho en términos más coloquiales, es aquella situación que se produce cuando dos leyes se contradicen entre ellas mismas pero subsisten a la vez.

¿Cómo proceder si A me dice una cosa y B me dice la contraria?

Difícil, sin duda.

Es por ello que un buen ordenamiento jurídico que se precie debe resolver estas situaciones con el fin de no generar injusticias.

Esta posible contradicción la hemos encontrado con el proceder de las cláusulas de vencimiento anticipado.

La declaración de nulidad de las mismas y, sobre todo, las consecuencias de ésta ha preocupado al mismísimo Tribunal Supremo.

Lejos de apaciguar estas aguas, en nuestra opinión, el Legislador ha echado más leña al fuego con su Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, cuya finalidad es incorporar parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/17/UE.

Se podría decir muchas cosas de este anteproyecto, pero nos queremos centrar sólo en un aspecto: su artículo 15.

Dicho artículo señala:

Artículo 15. Vencimiento anticipado.

  1. En los contratos de préstamo o crédito cuyo prestatario sea una persona física y que estén garantizados mediante hipoteca sobre vivienda o cuya finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles para uso residencial el deudor perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:

 a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de sus cuotas de amortización.

b) Que las cuotas de amortización vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:

i) Al [tres] por ciento del valor del préstamo , si el plazo de amortización de la obligación garantizada fuera inferior a diez años o, en el caso de ser a diez años, el incumplimiento se produjera dentro del periodo de los diez primeros años de dicho plazo.

ii) Al [cinco] por ciento del valor del préstamo, si el plazo de amortización de la obligación garantizada es superior a diez años y el incumplimiento se produce más allá del periodo de los diez primeros años de dicho plazo.

 c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos quince días para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total del préstamo. [En el requerimiento, el prestamista deberá ofrecer al prestatario la posibilidad de negociar durante el mismo plazo un acuerdo de modificación de las condiciones del préstamo].

2.- Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario.”.

Al parecer, el legislador quiere cuantificar cuándo debe entenderse que un préstamo se ha incumplido y cuándo no.

Eso, a priori, no debería tener efectos negativos, ya que facilita la actuación del acreedor hipotecario, el cual deberá atenerse a unas fáciles reglas, y la determinación del incumplimiento es algo sencillamente calculable (salvo por el valor del préstamo que, en nuestra opinión, lo habríamos aclarado todavía más diciendo si el porcentaje se aplica sólo sobre el principal del préstamo o si dicho valor incluye los intereses y gastos impagados).

El único “pero” que pondríamos a esta regla es si un 3% ó un 5% es permitir que la “bola se haga demasiado grande” (sobre todo, cuando el valor del préstamo empieza a ser elevado –p.ej. para una deuda de 300.000 euros el 5% son 15.000 euros-), pero suponemos que el legislador no ha puesto ese porcentaje al azar, sólo porque le sonasen bien esos números.

La experiencia suele decir que la anticipación a un problema de impago suele ser el mejor remedio al propio problema. Y cuando decimos anticipación no hablamos de ejecución sino de buscar soluciones de cómo poder pagar la deuda, tomar conciencia de la misma.

En cualquier caso, el verdadero contratiempo que vemos a esta nueva norma es la otra cara de la moneda para la entidad prestataria, ya que esta modificación de cuando una entidad puede reclamar su crédito al deudor debería conllevar, correlativamente, una modificación de la normativa bancaria en materia de provisiones, ya que no sería justo que la entidad bancaria tenga que empezar a realizar dotaciones con 3 cuotas impagadas del préstamo, pero no pueda iniciar la recuperación de la misma hasta que se llegue a la cifra del 3% ó 5%.

O lo uno o lo otro, pero no las dos cosas.

Podemos llegar a aceptar la disminución de los derechos de las entidades bancarias a la hora de reclamar sus deudas cuando hablamos de deudores personas físicas y sobre su vivienda habitual, pero también se les debería reducir sus obligaciones de cara a realizar provisiones en caso de incumplimiento de este tipo de préstamo.

Uno de los factores claves a la hora de legislar es la coordinación de la nueva norma que se incorpora con el resto del ordenamiento. Es por ello que si se va a modificar las normas relativas a la hora de poder reclamar una deuda vencida, se debería adaptar la normativa bancaria en materia de provisiones, so pena, de querer producir una perfecta antinomia.

*Publicado con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/una-perfecta-antinomia-las-clausulas-de-vencimiento-anticipado/

¡Más madera, es la guerra!*

Artículo sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativas a los efectos de declarar abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado y del interés de demora.

Aunque todavía se desconoce realmente quien introdujo esta frase en la versión doblada al español de la película de los hermanos Marx “Los hermanos Marx en el Oeste” (ya que en la versión original no se dice), hemos querido utilizarla a la hora de reflejar el actual panorama de las ejecuciones hipotecarias.

¡Más madera, es la guerra! Es lo que ha gritado recientemente el Tribunal Supremo con las dos consultas que ha realizado al TJUE (cuestiones prejudiciales).

La primera guarda relación con la cláusula de vencimiento anticipado (ver enlace), en la que el TS ha realizado las siguientes preguntas:

1- Si, en las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado por cualquier impago de capital o intereses, resulta conforme al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE apreciar la abusividad solo del inciso o pacto relativo al impago de una cuota (como acordó la sentencia recurrida) manteniéndose la validez del pacto en los casos restantes. Es decir, sobre la posibilidad de separabilidad de los distintos elementos autónomos de una cláusula con varios enunciados.

2- Si un tribunal nacional tiene facultades para determinar, una vez declarada la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado, que la aplicación supletoria del derecho nacional, aunque determine el inicio o prosecución de un proceso de ejecución hipotecaria contra un consumidor, es más ventajoso para este que sobreseer dicho proceso y quedar expuesto a una ejecución ordinaria tras una sentencia firme en un juicio declarativo.

Y es que el TS sigue sin ver claro que sea positivo que se sobresea el procedimiento ejecutivo hipotecario, tal y como está configurado actualmente, al consumidor español.

Pero por si esto fuera poco, unas semanas después, el mismo órgano judicial ha realizado otra pregunta a la Corte europea, esta vez relativa al interés de demora declarado abusivo y sus efectos (ver enlace). En concreto, las preguntas que el TS ha formulado son:

1ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que declara que la cláusula de un contrato de préstamo que establece un tipo de interés de demora que suponga un recargo de más de un 2% sobre el tipo del interés remuneratorio anual fijado en el contrato constituye una indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que se ha retrasado en el cumplimiento de su obligación de pago y, por tanto, es abusiva?

2ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, 4.1, 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de un contrato de préstamo que establece el tipo de interés de demora, identifica como objeto del control de abusividad el recargo que dicho interés supone respecto del interés remuneratorio, por constituir la «indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que no ha cumplido sus obligaciones», y establece que la consecuencia de la declaración de abusividad debe ser la supresión total de dicho recargo, de modo que solo se siga devengando el interés remuneratorio hasta la devolución del préstamo?

3ª) En caso de que la respuesta a la pregunta segunda fuera negativa: la declaración de nulidad de una cláusula que establece el tipo de interés de demora, por abusiva, ¿debe tener otros efectos para que sean compatibles con la Directiva 93/13/CEE, como por ejemplo la supresión total del devengo de interés, tanto remuneratorio como moratorio, cuando el prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas del préstamo en los plazos previstos en el contrato, o bien el devengo del interés legal?

El TS parece ver un clara contradicción entre anular por abusiva una cláusula de interés de demora y que el incumplimiento de pagar las cuotas del préstamo no devengue ningún tipo de interés.

Ni el mejor guión de los hermanos Marx podría describir esta disparatada historia en la que se ha convertido reclamar un crédito hipotecario.

La falta de un criterio claro en todas estas cuestiones genera todavía más incertidumbre a una “guerra” abierta entre el bando de los consumidores clientes bancarios y el de las entidades bancarias.

¿Quién terminará ganando? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta guerra y de la paz judicial que se firme? ¿Cuáles serán las consecuencias de la declaración de nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado y de la cláusula de interés de interés?

Cuestiones que hasta que se resuelvan definitivamente seguirá avivando el fuego de la incertidumbre jurídica y judicial que existe en torno al denostado (por no decir “quemado”) crédito hipotecario.

También, habrá que ver cómo afectan estas cuestiones a la nueva regulación del crédito hipotecario que desde el Gobierno se está desarrollando y que se espera su publicación a mediados de este año, transponiendo así la Directiva 2014/17/UE, de la que ya se lleva un año de retraso.

Por el momento, lo que sí sabemos es que, en cuanto a lo que se refiere a la financiación, parece ser que “la función debe continuar”, a la vista de los nuevos datos publicados relativos al fuerte incremento de nuevas hipotecas concedidas, siendo la actual tendencia la de un mayor número de préstamos hipotecarios a tipo fijo (un 36,8% del total de nuevas hipotecas concedidas –fuente-).

Esperemos que pronto sepamos el desenlace de este buen embrollo.

*Publicado con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/mas-madera-es-la-guerra/

Turbulencias judiciales para empezar el año*

Comentarios a la STJUE de 21 de diciembre de 2016 relacionada con las cláusula suelo y a la STS de 30 de noviembre de 2016, relativa a la devolución de las cantidades percibidas por los clientes más el interés legal desde su percepción.

No podemos terminar este año sin escribir unas líneas sobre dos sentencias que marcarán el devenir judicial de los próximos meses, por lo menos, en el ámbito del derecho bancario.

En primer lugar, cabe citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, relativa a los efectos de declarar la nulidad de las “Cláusulas suelo” en los préstamos hipotecarios (enlace).

Poco o nada cabe decir de una sentencia que ha sido noticia en los últimos días. El TJUE ha sido claro y ha declarado que los efectos de la nulidad son con carácter retroactivo y no desde la STS que declaró la nulidad de las cláusulas suelo.

No vamos a entrar en disquisiciones doctrinales/sociales de si es correcto el fallo o no, es lo que hay y ya no cabe interpretación alguna.

Ahora, de lo que cabe hablar, es que pasará en los próximos meses. Desde nuestro particular punto de vista, los procedimientos ya iniciados terminarán rápidamente, con sentencia estimatoria a favor de los clientes-demandantes y aplicando esta nueva doctrina.

Es probable que algunos Juzgados exhorten a las partes a llegar a una acuerdo extrajudicial con el fin de ventilar un debate que se ha quedado estéril.

Las únicas dudas que esta resolución europea nos plantea ahora es predecir que pasará con las costas y con los nuevos procedimientos judiciales de reclamación que se inicien.

En cuanto a las costas, no sería descabellado pensar que los tribunales apliquen la excepción del art. 394.1 de la LECiv. (1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho), con el fin de minimizar las pérdidas del impacto económico que va a suponer esta sentencia a la banca española (Banco de España ha estimado que el coste económico de esta resolución supondrá unos 4.000 millones de euros a las entidades bancarias).

Además, razón no les falta, el propio TS había señalado la retroactividad “parcial” de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, por lo que dudas, lo que se dicen dudas, presentaba el caso.

En relación con los nuevos casos, nosotros creemos que la Banca se adelantará al inicio de nuevas demandas y negociará con cada cliente, para ahorrarse los costes judiciales que suponen un pleito que se sabe de antemano está perdido.

Además, el Gobierno ha anunciado que articulará un procedimiento para la tramitación de la devolución de las cláusulas suelo, que será de obligado cumplimiento para aquellas entidades bancarias que se adhieran a un nuevo Código de Buenas Prácticas.

Cómo influirá el impacto fiscal, que ya el Ministerio de Hacienda ha anunciado sobre la devolución de las cláusulas suelo, o en qué consistirá el procedimento anunciado por el Gobierno, o qué ganas tendrán los clientes de “quitarse” el problema cuanto antes, influirán, para bien o para mal, en la vía de la negociación prejudicial.

La segunda sentencia de la que queremos hablar es la STS nº 716/2016, de 30 de noviembre de 2016 (enlace), la cual viene a poner paz sobre los efectos de la declaración de nulidad en los productos de inversión.

De esta manera, existía discusión (sobre todo, a nivel de Audiencias Provinciales) si a la hora de devolver los cupones/liquidaciones que un cliente había recibido de un producto de inversión declarado nulo (véase participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, etc.) sólo procedía restituir las cantidades percibidas o, también, el interés legal desde que las hubieran percibido hasta su total devolución.

Pues bien, en aras de los principios de restitución integral y reciprocidad en la restitución de prestaciones, el TS ha señalado que en el caso de la restitución de las cantidades percibidas por los inversores como rendimientos, por haberse declarado la nulidad del contrato, dicha restitución incluirá tanto las cantidades percibidas como el interés legal generado desde su percepción.

Posiblemente esta sentencia pueda que tenga menos eco social que la anterior, pero puede que tenga el mismo impacto a medio y largo plazo, ya que supone una reducción de la indemnización a percibir por parte de los clientes-inversores, por lo que también deberemos estar atentos a su aplicación por parte de los Tribunales.

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/turbulencias-judiciales-para-acabar-el-ano/

El contrato de depósito del décimo de lotería. Feliz Navidad.*

Los premiados suelan entregar el décimo afortunado a apoderados bancarios para realizar las gestiones de cobrar el mismo y evitar ser reconocidos.

Con carácter general, cabe señalar que los premios del Estado (Primitiva, Lotería, etc.) se tienen que cobrar en España, pudiéndose canjear el premio en cualquier establecimiento si el premio obtenido es por debajo de una cifra (normalmente a partir de 600 euros pero consultar con el establecimiento) y si es superior, habrá que acudir a las Delegaciones Comerciales de Loterías y Apuestas del Estado.

Es frecuente que para evitar ser conocido como el ganador de un gran premio de lotería o para evitar la pérdida o sustracción del décimo afortunado, los premiados suelan entregar este encargo a apoderados bancarios para realizar las gestiones de cobrar el décimo.

Esta intermediación del banco en representación de su cliente, ganador de un décimo, se suele instrumentar mediante el contrato de depósito de décimo de lotería, por medio del cual el cliente entrega al Banco el décimo premiado para su cobro.

A cambio, el Banco cobra una comisión por los servicios prestados, por la custodia de los décimos en sus cajas de seguridad y se encarga de realizar las gestiones para el cobro de los mismos.

Asimismo, el cliente asume todos los costes necesarios para llevar al efecto dicho encargo.

Dentro de la formalización de dicho contrato, acordaros de:

  • entregar fotocopia de vuestro DNI,
  • guardar fotocopia firmada del contrato de depósito firmado por el Banco,
  • conservar fotocopia del décimo ganador entregado para la gestión de cobro, en la que os deberán poner la fecha de entrega y,
  • pactar por escrito las comisiones que la entidad financiera cobrará por los servicios efectuados (en el Folleto de Tarifas del Banco vendrá fijada la comisión máxima por este encargo).

Por otro lado, y a efectos fiscales, cabe recordar que el dinero procedente de los premios de loterías y apuestas organizadas por la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado -L.A.E.-, actualmente tributan, de tal manera que cuando el afortunado reciba el premio, vendrá ya descontado un 20% sobre la cuantía del premio que exceda de los 2.500 euros.

Por otro lado, las ganancias que percibáis de otros juegos y que no guarden relación con la L.A.E. (pensad en casinos, juegos online, apuestas deportivas, etc.) estarán sujetas a tributación y recibirán el tratamiento de ganancias patrimoniales en el ejercicio que se obtienen.

¡Suerte a todos en el gran premio de la Lotería de Navidad!

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/el-contrato-de-deposito-del-decimo-de-loteria/

Anteproyecto de Ley XX/2016*

Con este título, se ha dado a conocer la norma que transpone la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, de la que ya hemos hablado en anteriores artículos (ver enlaces sobre los nuevos retos para los empleados de entidades bancarias con la Directiva 2014/17, sobre el uso de la mediación como requisito previo y sobre la ejecución hipotecaria).

La verdad es que éramos más optimistas con dicha transposición, confiando en que este nuevo anteproyecto de ley mejorase el funcionamiento del mercado hipotecario español y recuperase la confianza de los consumidores en el mismo.

Pero, desde nuestro punto de vista, este anteproyecto de ley (ver texto completo) se queda a “medio camino” de lo esperado, del listón que habíamos marcado para conseguir solucionar algunos de los problemas que la financiación hipotecaria tiene en nuestro país. Problemas como los sistemas de evaluación a la hora de conceder créditos y las consecuencias civiles de su incumplimiento, el procedimiento de resolución anticipada en préstamos hipotecarios y su ejecución judicial o extrajudicial (si se considera como problema la oleada de resoluciones judiciales que declaran nula la cláusula de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios), acreditación de conocimientos del personal de entidades bancarias, información precontractual necesaria, etc.

Tantas cosas que se quedan en el tintero del legislador, o que se posponen a un desarrollo normativo posterior (que a la postre, viene a ser lo mismo), nos obligan a ser críticos con este anteproyecto, deseando que la Ley que se termine aprobando resuelva algunos de los problemas que pasamos a mencionar.

El primero que queremos tratar es el tema de la acreditación del grado de conocimientos y de competencia del empleado bancario.

Aunque este anteproyecto señala que El Ministro de Economía y Competitividad establecerá los requisitos mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal de conformidad con este artículo, creemos que sería positivo ir desarrollando el reglamento que regule este nivel de acreditación y sobre todo, se vaya pensando en que pasaría si se incumple este requisito por parte de la entidad bancaria.

¿Qué efectos civiles tendría su incumplimiento sobre el contrato que se ha formalizado? ¿se debería declarar nulo?

Respuestas a estas preguntas son las que hacen que una ley sea eficaz a la hora de aplicarse, pero lamentablemente, entendemos que el legislador no ha previsto estos posibles supuestos al ver los arts. 35 y 36 del anteproyecto, en los que se fijan sanciones económicas a la entidad pero no se hace referencia al contrato que se ha formalizado, dejando una puerta entreabierta a los tribunales civiles de este país para que decidan qué consecuencias jurídicas tendría este tipo de incumplimiento.

También se debe valorar negativamente el anteproyecto por la ausencia de previsión de las posibles consecuencias civiles al contrato en el supuesto de una mala evaluación de la solvencia del cliente-consumidor por parte de la entidad prestamista.

De esta manera, el art. 18 de la Directiva 2014/17/UE obliga a las entidades prestamista a sólo conceder financiación cuando del resultado de la evaluación de la solvencia se concluya que es probable que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones (en conexión con la idea del préstamo responsable que ya se indicaba en la norma duodécima de la Circular 5/2012, de 27 de junio, de Banco de España).

Por poner un ejemplo, en Francia, el incumplimiento de la obligación de evaluar correctamente la solvencia del cliente conlleva la pérdida de intereses remuneratorios (art. 311-48 del Código de Consumo).

Pero en España ¿qué pasaría? Este anteproyecto no dice nada al respecto.

Bajar a este nivel de detalle es lo que permitiría recuperar la confianza a un consumidor-cliente que ha perdido la fe en las entidades bancarias y evitar posibles situaciones de sobreendeudamiento, que ha sido uno de los males de la crisis económica padecida.

Siguiendo con nuestro análisis, el art. 28 de la Directiva 2014/17/UE obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes antes de iniciar un procedimiento de ejecución.

Concepto jurídico (razonablemente tolerantes) pendiente de determinar en España y que este anteproyecto de ley deja en el aire, ya que la Disposición adicional Primera del mismo, que regula la reclamación extrajudicial, no llega a fijar las reglas de juego en caso de que se deje de impagar el préstamo hipotecario.

Con un triste “podrán someter”, este anteproyecto intenta silenciar un problema real y palpable para aquel que viva en los juzgados de primera instancia, luchando porque declaren o no declaren (dependiendo del bando) si la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva o no y si la ejecución procede o debe sobreseerse.

Además, el no desarrollar un sistema único a nivel nacional sobre qué se debe hacer con carácter previo a la ejecución hipotecaria sólo puede traer caos e incertidumbre en un procedimiento cada vez más contencioso, cuando no debería ser así.

Por ejemplo, en Cataluña ya han tomado la iniciativa con la promulgación de la Ley 20/2014, la cual añadió el artículo 132-4 al Código de consumo de Cataluña, según el cual se establece que: 3. Las partes en conflicto, antes de interponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, deben acudir a la mediación o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar de la notificación del acuerdo de inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la reclamación administrativa o a la demanda judicial.

Este artículo es claro, indica obligatoriedad y plazo para interponer la reclamación, dos datos que permiten dotar de seguridad al procedimiento de ejecución.

En nuestra opinión, el Legislador debería plantearse armonizar a nivel nacional el procedimiento de reclamación extrajudicial de una entidad prestamista ante un particular.

Dicho todo esto, cabe señalar que el anteproyecto desarrolla otros aspectos de la financiación hipotecaria como son el tema de las comisiones por amortización anticipada (a partir del 6º de vida del contrato ya no se pagará comisiones por este concepto) y de apertura (la cual englobará cualquier otro tipo de comisión del tipo de estudio, concesión e incluso la de tipo de cambio en caso de préstamo en divisa) así como el tipo de cambio utilizado en la conversión en préstamos en divisas. Extremos que habrá que ver que acogida tendrán entre las entidades bancarias.

En los próximos meses, veremos qué camino escoge el Legislador de cara a solucionar los problemas indicados. Hasta entonces, ya tenemos una propuesta para ir reflexionando sobre ella.

*Publicado, con permiso y colaboración de la fuente original, que puede encontrarse en: http://derechobancario.org/anteproyecto-de-ley-xx2016-reguladora-de-los-contratos-de-credito-inmobiliario-una-reforma-a-medio-camino/