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La nueva subasta electrónica en la LECiv*.

BY IN Sin categoría On 29-10-2015

Tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, se han modificado las reglas que regían la subasta de bienes en un procedimiento judicial.

Tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, se han modificado las reglas que regían la subasta de bienes en un procedimiento judicial.

A partir de ahora, y gracias a las nuevas tecnologías, gozaremos de un procedimiento de subastas judiciales más público y accesible.

De esta manera, la propia Administración de Justicia lo ha señalado en su web, dejando claro los dos objetivos que persigue:

• por un lado, la transparencia del procedimiento y,

• por otro, la obtención del mayor rendimiento posible de la venta de los bienes.

La existencia de un único portal de subastas (en palabras de la propia Administración de Justicia) permitirá al ciudadano, una vez registrado en el mismo, una mayor facilidad para intervenir en ellas ya que la forma de realizar el depósito para participar será común para las subastas judiciales y las administrativas, no deberá desplazarse a las sedes u oficinas para realizar las pujas y le permitirá recibir alertas sobre subastas de bienes en las que pudiera estar interesado. Se recomienda leer la guía publicada por la propia administración respecto de la nueva subasta electrónica.

Sin perjuicio de la bondad de estos objetivos, en el presente artículo hemos querido analizar las ventajas e inconvenientes de este nuevo régimen de subastas.

En primer lugar, cabe decir que a fecha de publicación de este artículo el portal de subastas electrónicas no tiene publicada ninguna subasta (ni de bienes inmuebles, muebles, vehículos, etc.).

Cuesta creer que en las 2 últimas semanas desde que entró en vigor esta reforma no se haya convocado ninguna subasta judicial, pero vamos a confiar en que se ha producido un parón en los procedimientos ejecutivos en vez de ser mal pensados y señalar que la falta de anuncios posiblemente se deba a que todavía no esté en funcionamiento el nuevo sistema de subasta electrónica.

Dicho lo cual, el segundo pro y contra que hemos comprobado es el anuncio de convocatoria de subasta (ver arts. 645 y 667 de la LECiv. en vigor).

A partir de ahora, la convocatoria de subasta se anunciará en el BOE, sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no personado.

Por tanto, se acabaron los problemas de notificación y la necesidad de publicar edictos en la oficina judicial, lo cual sin duda agilizará el procedimiento ejecutivo.

Por el contrario, es posible que todo el mundo tenga conocimiento de que tu vivienda está siendo subastada.

Si bien es cierto que antes las subastas también eran anunciadas de manera pública, el medio a través del cual ahora se publicitan genera mayor difusión del anuncio, pudiendo tener conocimiento cualquier persona de la situación de un bien ejecutado.

Prueba de ello es el propio art. 668 que regula el contenido del anuncio de subasta. En dicho precepto, se establece la obligación de incluir la identificación de la finca o fincas objeto de la subasta, sus datos registrales y la referencia catastral si la tuvieran, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y, necesariamente, el avalúo o valoración que sirve de tipo para la misma, la minoración de cargas preferentes, si las hubiera, y su situación posesoria, si consta en el procedimiento de ejecución.

En estos casos, casi cabe pensarse si colaborar o no con el procedimiento de subasta, ya que si el poseedor consiente la inspección del inmueble y colabora adecuadamente ante los requerimientos del Tribunal para facilitar el mejor desarrollo de la subasta del bien, el deudor podría llegar a obtener una reducción de la deuda de hasta un 2% del valor por el que el bien hubiera sido adjudicado (ex. art. 669.3 de la LECiv., aunque la reducción no es automática a pesar de que se colabore).

Pues bien, centrándose en el desarrollo de este nuevo ebay judicial, la subasta tendrá lugar en el portal de subastas electrónicas, teniendo cada subasta un número de identificación único.

La subasta se abrirá transcurridas, al menos, veinticuatro horas desde la publicación del anuncio en el BOE.

Una vez abierta la subasta solamente se podrán realizar pujas electrónicas con sujeción a las normas de la LECiv.

Para ello, el interesado deberá:

• Darse de alta como usuario en el sistema.

• Consignar el 5% de la valoración a efectos de subasta se haya dado a los bienes (en el caso de bienes inmuebles suele coincidir con el valor de tasación o con la suma de la responsabilidad hipotecaria de los bienes subastados).

• Asumir las responsabilidades que conlleva pujar a través de este sistema (subrogarse en las cargas anteriores, asumir la situación en la que se encuentren los bienes, etc.).

Las pujas se enviarán telemáticamente a través del Portal de Subastas, que devolverá un acuse técnico, con inclusión de un sello de tiempo, del momento exacto de la recepción de la postura y de su cuantía.

El postor deberá también indicar si consiente o no la reserva de su consignación para el caso en que el mejor postor no cumpla en plazo el pago del resto del precio, así como si puja en nombre propio o de un tercero.

Serán admisibles posturas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, entendiéndose en los dos últimos supuestos que consienten desde ese momento la reserva de consignación y serán tenidas en cuenta para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja igual o más alta no consigne finalmente el resto del precio de adquisición. En el caso de que existan posturas por el mismo importe, se preferirá la anterior en el tiempo.

El portal de subastas sólo publicará la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento.

La subasta admitirá posturas durante un plazo de 20 días naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de 20 días naturales, por un máximo de 24 horas.

En el caso de que el Secretario judicial tenga conocimiento de la declaración de concurso del deudor, suspenderá mediante decreto la ejecución y procederá a dejar sin efecto la subasta, aunque ésta ya se hubiera iniciado.

Asimismo, la suspensión de la subasta por un periodo superior a quince días, por el motivo que sea, llevará consigo la devolución de las consignaciones, retrotrayendo la situación al momento inmediatamente anterior a la publicación del anuncio. La reanudación de la subasta se realizará mediante una nueva publicación del anuncio como si de una nueva subasta se tratase.

En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo, el Portal de Subastas remitirá al Secretario judicial información certificada de la postura telemática que hubiera resultado vencedora, con el nombre, apellidos y dirección electrónica del licitador.

En cuanto al valor de adjudicación en caso de subasta de bienes inmuebles, os recomendamos leer nuestro artículo al respecto.

A ciencia cierta, es difícil predecir que ocurrirá en el futuro, si se cumplirán los objetivos perseguidos con esta reforma, si tanta publicidad será perjudicial para los deudores, etc. Sólo el tiempo confirmará el acierto o no de la reforma.

 

*Artículo escrito por Derecho Bancario, divulgado por Libroley con consentimiento de la web original  y publicado por primera vez en http://derechobancario.org/subasta-electronica-lec/


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OCT

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El nuevo plazo de prescripción de las acciones personales*

BY IN Sin categoría On 23-10-2015

Tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, se ha modificado el plazo de prescripción de las acciones personales establecido en el art. 1.964 del Cciv.

De esta manera y como regla general en el caso de las deudas dinerarias, se ha reducido el plazo que el acreedor tiene para reclamar su deuda pasando de 15 a 5 años, siempre y cuando la acción ejercitada no tengan otro plazo especial.

Dicho plazo empezará a contar a partir de los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.

Por tanto, y para las obligaciones suscritas con posterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 42/2015 (7 de octubre de 2015), el nuevo plazo será siempre de 5 años, salvo excepciones legales.

Ahora bien ¿qué pasará con las obligaciones contraídas con anterioridad al 7 de octubre de 2015?

En estos casos, desde nuestro punto de vista y sin perjuicio de mejor criterio en contra, entendemos que debería aplicarse la norma de derecho transitorio común contenida en el art. 1.939 del Cciv., el cual señala: La prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.

Entre otras, cabe citar la Sentencia núm. 12/2007 del TS, Sala de lo civil, Sección 1ª, de 22 de enero de 2007, la cual señala: La prescripción extintiva de que se trata había comenzado, por lo tanto, con anterioridad a la mencionada fecha, de modo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil (que, según precisa la sentencia de 16 de noviembre de 1988constituye norma de derecho transitorio común), hay que entender que se rige por los preceptos anteriores a la Ley 12/1992.

También, cabe citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 2ª, de 20 de octubre de 1997, según la cual:

En consecuencia si bien el art. 1939 sienta como regla general que las prescripciones se sometan a la ley vigente en el momento en que el fenómeno de la prescripción comenzó a producirse, el último párrafo altera este principio general al considerar aquélla cumplida si la ley nueva acorta el plazo de prescripción y dicho nuevo plazo transcurre por entero tras la puesta en vigor de la ley nueva.

Por tanto, la regla según la cual la prescripción comenzada bajo la vigencia de las leyes anteriores se rige por estas últimas no tiene eficacia si se cumplen las dos condiciones señaladas en el último párrafo del art. 1939: a) que el plazo de prescripción de la ley nueva sea más breve, b) que el plazo de prescripción establecido en la ley nueva haya transcurrido por entero «desde que fuese puesto en observancia», esto es, desde la fecha de la entrada en vigor de la ley nueva.

De ahí que, con razón, que se ha señalado que no se trata sin más de una aplicación de la prescripción más breve. El tiempo de prescripción establecido en la ley nueva tiene que transcurrir entero bajo el imperio de la ley nueva, es decir, no se suma el tiempo transcurrido bajo la vigencia de la ley antigua con el pasado con la ley nueva, para completar así el plazo más breve.

En definitiva la disposición contiene una cierta dosis de retroactividad, en favor de la prescripción, aunque limitada. El fundamento de ello ha querido encontrarse por la doctrina en la idea de que una prescripción simplemente comenzada y todavía no concluida, no constituye un derecho adquirido, sino una expectativa, y no tiene por qué ser respetado por la ley nueva. Es cierto que hasta que la prescripción no se consuma el deudor no es titular de derecho alguno, pero no es menos cierto que el acreedor sí es titular de derechos adquiridos, cuya duración y condiciones de ejercicio la nueva ley modifica.

La razón de fondo de la regla hay que encontrarla en que no es lógico ni justo que la condición del titular de un derecho, cuya prescripción ha comenzado ya, sea mejor, que la de aquel otro titular de un derecho de parecido origen temporal cuya prescripción no haya comenzado todavía, favoreciendo al primero con el plazo más largo. Por eso, el párr. 2.º no hace otra cosa que autorizar un nuevo comienzo de la prescripción bajo el imperio de la ley nueva, lo cual por otra parte, es algo que estaría siempre en mano del deudor sin más interrumpir la prescripción mediante un acto de su voluntad.”

En otras palabras, la prescripción se regirá por la Ley que estuviese vigente en el momento que se contrajo la deuda (es decir, 15 años), salvo que transcurran 5 años desde la entrada en vigor de la Ley 42/2015, momento en el que se entenderá que la acción ha prescrito.

Sin perjuicio de nuestra opinión, es difícil predecir cuál será el criterio definitivo de los jueces españoles a la hora de determinar qué plazo de prescripción se tendrá en cuenta en las acciones personales suscritas con anterioridad al 7 de octubre de 2015, pero una posible línea de defensa sería la invocación del art. 1.939 del Cciv.

*Artículo escrito por Derecho Bancario, divulgado por Libroley con consentimiento de la web original  y publicado por primera vez en http://derechobancario.org/prescripcion/


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Valor de adjudicación en caso de subasta judicial*

BY IN Sin categoría On 19-10-2015

El próximo 15 de octubre de 2015 entrará en vigor la modificación del art. 671 de la LECiv. (ver Disposición final duodécima de la Ley 42/2015). A priori, dicha modificación no supone un cambio sustancial en los valores de adjudicación anteriores a la reforma, los cuales siguen vigentes.

El próximo 15 de octubre de 2015 entrará en vigor la modificación del art. 671 de la LECiv. (ver Disposición final duodécima de la Ley 42/2015).

A priori, dicha modificación no supone un cambio sustancial en los valores de adjudicación anteriores a la reforma, los cuales siguen vigentes y exponemos a continuación:

1. SUBASTAS JUDICIALES DE VIVIENDA HABITUAL:

• Subasta con postores (art. 670 de la LECiv.):

Si se celebra subasta y la mejor postura es igual o superior al 70 %, se aprobará el remate a favor del mejor tercero-adjudicatario.

Si en la subasta, el ejecutante es quien ofrece la mejor postura (igual o superior al 70%), se aprueba el remate a su favor y se liquida el principal, los intereses y las costas. Luego se notifica al deudor dicha liquidación y efectuada esta, el ejecutante consignaría, si la hubiere, la diferencia entre el importe consignado y el liquidado.

Si en la subasta la mejor postura (igual o superior al 70%) es de un tercero pero ofrece pago aplazado con garantías, el ejecutante se la puede adjudicar por el 70 % del valor de subasta.

Si en la subasta la postura es inferior al 70 % se produce la siguiente secuencia: a) que el ejecutado presente un tercero que mejore la postura pero bien ofreciendo una cantidad superior al 70% o si es inferior que satisfaga la deuda del ejecutado por todos los conceptos; b) sino lo hace el ejecutado, el ejecutante puede pedir la adjudicación por el 70% del valor de subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos pero siempre que sea superior al 60% del valor de tasación y supere la mejor postura; c) si tampoco actúa el ejecutante, se adjudicará el bien al tercero (mejor postor) siempre que su postura supere el 50% del valor de tasación o cubra la cantidad por que se despache ejecución, es decir, incluyendo principal e intereses y costas presupuestadas.

Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Secretario judicial responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor.

Analizadas dichas circunstancias, el Secretario judicial podrá o bien aprobar el remate o bien denegar la aprobación del remate. En este último, la subasta se tramitará por las reglas señaladas en el caso de no existir postor.

• Subasta sin postores (art. 671 de la LECiv.):

En caso que nadie acuda a la subasta, el Ejecutante puede pedir la adjudicación por la cantidad igual o superior al 70% de su valor de tasación (tiene un plazo de 20 días contados a partir del cierre de la subasta) o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60%.

En caso que transcurra el plazo de 20 días y el ejecutante no haya pedido la adjudicación, el ejecutado podrá solicitar que se proceda a levantar el embargo que pesa sobre la finca.

2. SUBASTAS JUDICIALES DE VIVIENDA NO HABITUAL:

• Subasta con postores:

En este caso, se seguirían las reglas generales establecidas en el art. 670 LECiv. y que hemos indicado anteriormente.

• Subasta sin postores:

En este caso, el ejecutante puede pedir la adjudicación por cantidad igual o superior al 50% del valor de tasación o por la que se le deba por todos los conceptos (principal, intereses y costas).

Por último, se debe indicar que en cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación del bien por parte del ejecutante, el ejecutado podrá liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas. En este supuesto, el Secretario judicial acordará mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma, y lo comunicará inmediatamente en ambos casos al Portal de Subastas.

*Artículo escrito por Derecho Bancario, divulgado por Libroley con consentimiento de la web original  y publicado por primera vez en http://derechobancario.org/los-saldos-por-abandono-y-la-conservacion-de-documentos-por-parte-de-las-entidades-bancarias/


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Los saldos por abandono y la conservación de documentos por parte de las entidades bancarias.

BY IN Sin categoría On 09-10-2015

Pocas veces, el titular de una cuenta corriente conoce que su dinero puede terminar siendo propiedad del patrimonio del Estado, si durante un tiempo no ha gestionado el mismo.

Es lo que se conoce en el argot bancario como saldos abandonados y guarda relación con el concepto jurídico de prescripción adquisitiva.

De esta manera, y por el transcurso del tiempo y por el imperio de la Ley (art. 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre), se consideran saldos y depósitos abandonados todos aquellos valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.

En estos casos, las posiciones bancarias que son consideradas abandonadas corresponderán a la Administración General del Estado y se transferirá el dinero a dicho organismo por parte de la entidad bancaria.

Por otro lado, el cliente bancario tiene que tener en cuenta que el transcurso del tiempo también le puede hacer pasar una mala jugada a la hora de pedir información.

Y es que el art. 30 del Código de Comercio establece la obligación de conservación a los empresarios (entre los que se incluyen las entidades bancarias) de libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante un tiempo máximo de seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo que exista una disposición legal que establezca lo contrario.

Así que por norma general, los usuarios bancarios deben tener presente este plazo máximo en el que se conservará la información a la hora de solicitarla, sin perjuicio de que en cada caso concreto la documentación que se requiera esté disponible aunque hayan transcurrido el plazo de 6 años señalado.

*Artículo escrito por Derecho Bancario, divulgado por Libroley con consentimiento de la web original  y publicado por primera vez en http://derechobancario.org/los-saldos-por-abandono-y-la-conservacion-de-documentos-por-parte-de-las-entidades-bancarias/


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