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El factor tiempo en la mora

BY IN Sin categoría On 28-01-2015

De nuevo volvemos a registrar datos positivos en lo que se refiere a la mora dentro del sector de la banca. Durante el mes de octubre del año pasado descendió la heroica cifra de 17 puntos básicos, hasta situarse en el 12,77%. Si se tiene en cuenta el conjunto del sector, es decir, contabilizando el total de las entidades presentes, el porcentaje sería del 12,75%.

Sin embargo, en el mundo de la mora y el impago, las cifras ofrecen una visión global, ciertamente útil, pero que puede llevar a confusión si no se manejan todos los datos para poder interpretarlas en un contexto adecuado. Esto se debe a que un retraso en el pago de una determinada obligación puede dar lugar a multitud de soluciones distintas según cada caso, incluyendo la posibilidad de que no exista mora alguna, y la previsión de las posibles soluciones sin duda hace variar la calificación de cada deuda.

El elemento fundamental que entra en juego cuando se está ventilando la cuestión de la mora es el factor tiempo, porque en unos casos puede jugar en un determinado sentido y en otros casos, en sentido radicalmente contrario. Sin ir más lejos, el artículo 1100 del Código Civil (CC), en su párrafo primero establece: “incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación”, lo que hace necesario la intervención de la autoridad judicial para que pueda hablarse de mora, sin que el mero transcurso del tiempo pueda legitimar la calificación de un deudor como moroso, a no ser, sigue el mismo artículo: “1º cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente. 2º Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación”.

En otras palabras, si se ha pactado en contrato una fecha particular para la entrega de la cosa o del precio, es fácil determinar cuándo se está incurriendo en mora, pero no es éste el caso de cientos de relaciones jurídicas vigentes a día de hoy, donde únicamente rige la palabra dada, la costumbre o unos ciertos intereses comunes. Mientras no haya una reclamación judicial, resulta difícil entender que se ha incurrido en mora.

En cambio, del lado del acreedor, el transcurso del tiempo resulta de tremenda importancia, porque contra sus intereses juegan las instituciones jurídicas de la prescripción y la caducidad. Ambas penalizan al acreedor negligente que, a pesar de ostentar un derecho a reclamar la cosa, el precio o la prestación, sin embargo, por el motivo que sea, no se decide a hacerlo. Por una parte, la prescripción (extintiva, se sobrentiende) conlleva la extinción del derecho como tal, debido a la ausencia de ejercicio efectivo del mismo durante un lapso de tiempo que varía en función de las diferentes categorías de derechos. La caducidad, por otra parte, produce la extinción, no del derecho en sí, sino de las acciones que permitirían su ejercicio efectivo ante los tribunales de justicia.

Además, incluso desde el punto de vista prudencial, no actuar con diligencia puede dar lugar a que una simple mora se convierta en un impago definitivo al margen de que los derechos en juego hayan prescrito o las acciones hayan caducado. La reacción temprana a los casos de retraso en el cumplimiento de las obligaciones es absolutamente dirimente a la hora de buscar una solución al problema, desarrollar con éxito las negociaciones oportunas o, en último término, acudir a los tribunales con una cierta garantía de encontrar adecuada satisfacción a las pretensiones de quien ostenta un derecho de crédito. Los expertos en la materia conocemos la importancia del factor tiempo a la hora de clasificar los créditos y enfocarlos de una forma u otra, a fin de encontrar la mejor solución para el cliente, pero hay situaciones que, alargadas en el tiempo, no tienen solución alguna.


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La sucesión testada a nivel internacional

BY IN Sin categoría On 22-01-2015

El estrechamiento en las relaciones internacionales obviamente también está produciendo efectos en el derecho sucesorio. Cada vez son más las disposiciones de última voluntad que implican una auténtica maraña de bienes radicados en diversos Estados a lo largo y ancho del mundo, sin olvidar la red de personas procedentes de las más diversas culturas, incluso desconocidas entre sí, que pueden aparecer interesadas en una determinada masa hereditaria.

En este post nos gustaría ofreceros algunos consejos para proceder correctamente tanto a la hora de realizar una disposición testamentaria sobre los propios bienes, como a la hora de hacer valer derechos en cualquier sucesión a nivel internacional.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que las normas internacionales hacen una diferenciación entre las formalidades que deben regir el otorgamiento de una disposición testamentaria y el contenido de la misma. En otras palabras, una cosa es cómo se hace un testamento, y otra muy diferente, qué se dice en dicho testamento. Las formalidades que deben acompañar al otorgamiento de una disposición de última voluntad son las que exija el ordenamiento jurídico del lugar donde se otorga. En cambio, la normativa aplicable al contenido del testamento, según las disposiciones de Derecho Internacional privado del Código Civil español, será la de la nacionalidad del causante, es decir, la nacionalidad de la persona que hace el testamento.

Esto da lugar a todo tipo de combinaciones posibles. Poniendo como ejemplo una sucesión en la que se vean implicados el Estado español y el australiano, resultarían válidas las siguientes posibilidades: testamento otorgado por un australiano conforme a las solemnidades previstas en el ordenamiento australiano y según el derecho australiano, que implica bienes radicados en España; testamento otorgado por un nacional español en Australia, según las formalidades exigidas por el derecho australiano pero de acuerdo con las legítimas y demás obligaciones impuestas por el ordenamiento español; testamento otorgado por un español en España, de acuerdo con las solemnidades previstas en nuestro ordenamiento, pero siguiendo el régimen sucesorio existente en Australia; y por supuesto, el testamento otorgado por un español de acuerdo con las formalidades del ordenamiento español y según nuestro sistema sucesorio, pero que implique bienes radicados en Australia.

De cara a acreditar la existencia de una disposición testamentaria extranjera en España, es de vital importancia estar atentos a todas estas cuestiones. Porque, por un lado, la acreditación de haber cumplido con las formalidades requeridas en el ordenamiento jurídico del lugar donde se otorgó testamento resulta relativamente fácil para los ciudadanos de Estados signatarios del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961: basta aportar una traducción jurada y la correspondiente Apostilla de La Haya. Sin embargo, no se puede perder de vista que la Apostilla de La Haya únicamente acredita el cumplimiento de los requisitos formales correspondientes, pero nunca convalida el contenido de los documentos que se aportan, ni tampoco asegura que el testamento que se presenta haya sido el último válido otorgado por el causante.

Este último extremo –acreditar que el testamento que se aporta fue el último válido otorgado por el causante- resulta más sencillo para los ciudadanos de los Estados firmantes del Convenio de Basilea de 16 de mayo de 1972, que trata de resolver el problema a través de un sistema parecido a nuestro Registro de Últimas Voluntades.

En cambio, a la hora de acreditar que el contenido de una determinada disposición testamentaria extranjera es válido, no bastará con aportar el documento en cuestiónapostillado, sino que habrá que acreditar la normativa que se aplica a dicho testamento, así como que tal normativa estaba vigente en el momento de producir efectos el documento. La Resolución 11708 de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), de 26 junio de 2012 resulta tremendamente paradigmática.

Por ello, si existen implicaciones a nivel internacional, tanto a la hora de hacer testamento, como a la hora de hacer valer los derechos que se ostentan sobre una determinada masa hereditaria, conviene asesorarse adecuadamente por abogados expertos en la materia, como nuestro equipo de Libroley,con una larga experiencia en sucesiones y testamentarías. Sólo así se evitarán las típicas sorpresas desagradables, que la mayor parte de las veces se traducen en dilaciones innecesarias y gastos astronómicos estériles.


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